La justicia ha comenzado a poner coto a los grupos ultras que tratan de boicotear los trabajos de exhumación de víctimas del franquismo que, desde el pasado junio, se han desarrollado en el Valle de Cuelgamuros — nombre que adquirió el conjunto del Valle de los Caídos en 2022—, la denominación tradicional de la zona. La Audiencia Nacional ha rechazado en los últimos meses diferentes recursos presentados por colectivos antimemorialistas que, mediante la búsqueda de subterfugios, intentar frenar esas labores. El tribunal ha condenado, incluso, al pago de las costas a la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos por sus excesos; y la Fiscalía ha solicitado multar a una mujer que, respaldada por Abogados Cristianos, ha actuado con “mala fe procesal”.