La receta de los expertos para flexibilizar la norma urbanística que obliga a los promotores en Barcelona a destinar a vivienda social un 30% de los pisos que construyen no contenta ni a los comunes de Ada Colau (que impulsaron la norma aprobada en 2018); ni a la patronal de los constructores (que la han rechazado desde que era solo un proyecto). El partido de la exalcaldesa entiende que el retoque a la norma, adelantado por este diario, “liquida” su filosofía y lo ve “inaceptable”. Las entidades que defienden el derecho a la vivienda y promovieron su redacción, van más lejos y aseguran que el actual alcalde del PSC, Jaume Collboni, se ha “doblegado” a los intereses inmobiliarios. La patronal APCE entiende que “da pocas oportunidades al mercado real”.
La propuesta de rebaja del 30% de pisos sociales de Barcelona irrita a sus impulsores y decepciona a los constructores
