Las comunidades autónomas redujeron sus ingresos por los tributos que gravan la riqueza durante el ejercicio 2023, un año marcado por las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Estas figuras, cuya gestión y recaudación están cedidas por completo a los gobiernos regionales, son el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD), el impuesto de sucesiones y donaciones (ISD) y el impuesto sobre el patrimonio (IP). En conjunto, las tres aportaron a las arcas territoriales 15.438 millones de euros, una caída de casi el 10% sobre los más de 17.000 millones anotados un año antes.