El acuerdo entre el Gobierno central y el de Canarias para cambiar la ley de extranjería y establecer un reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados en casos de emergencia migratoria ha levantado ampollas en los gobiernos autonómicos, sobre todo del PP. Tras el anuncio este lunes de que el cambio legislativo, en caso de ser respaldado por las Cortes, obligará a una reubicación inicial de 2.500 menores (que saldrán de las islas y de Ceuta), varias comunidades han mostrado su preocupación en público y en privado. “Todos nos asustamos nada más escucharlo y empezamos a llamar”, explica una fuente autonómica.
Las comunidades discrepan del reparto obligatorio de menores migrantes pactado entre el Gobierno y Canarias
