El fracaso del proyecto de presupuestos del Govern y la convocatoria de elecciones supusieron un jarrón de agua fría para muchos sectores que esperaban una inyección de recursos públicos en unas cuentas públicas expansivas. Pero para el sector social fue el agua está especialmente helada. Las entidades lamentan que son el pilar más olvidado del Estado del Bienestar, y llevan años denunciando una situación de infrafinanciación. Los presupuestos habrían dado más oxígeno al sector con un incremento del 8,7% del gasto, pero sobre todo hubiesen dado continuidad a una legislatura en la que el Govern había adquirido varios compromisos. Uno de ellos lo selló el departamento de Derechos Sociales en junio del año pasado, en un acuerdo con las patronales y los sindicatos que calificó como “histórico”, para aumentar las tarifas públicas —el dinero que la administración paga a las entidades para que presten el servicio público— tanto en 2023 como en 2024, para que esta subida repercutiese en una mejora de los salarios de los trabajadores. Las entidades han enviado este martes una carta al consejero del área, Carles Campuzano, en la que le recuerdan que mientras ellas sí que han mejorado los sueldos por la vía del convenio, el Govern todavía no se ha puesto manos a la obra con la subida de tarifas.
Las entidades sociales se revuelven contra los impagos del Govern
