La actual judicialización de la política alude a la expansión del Poder Judicial hacia temas que solían ser zanjados en el ámbito parlamentario, a través del voto mayoritario, y no mediante decisiones del ámbito judicial. Es un fenómeno global perfectamente estudiado y aceptado casi unánimemente ya sea como un mero cambio de paradigma, ya como una amenaza a la democracia. El profesor Torbjörn Vallinder, en la obra canónica sobre el tema, la define como el proceso mediante el cual los tribunales y jueces pasan a hacer o controlar la elaboración de políticas públicas que hasta entonces habían sido trazadas —o deberían trazarse— por otras instancias gubernamentales, especialmente las legislativas y ejecutivas. Detrás de ello late el convencimiento de que lo que uno considera políticamente erróneo debe estar prohibido y se busca de la justicia que determine tal ilegalidad. Buscando que el Poder Judicial impida las opciones que parecen equivocadas se puede llegar al vaciamiento de poder de las instituciones políticas democráticas legítimas como el Parlamento o el Gobierno. Para ello resulta imprescindible que haya al menos un juez tentado de aceptar la oferta de convertirse en árbitro político bajo el pretexto de aplicar la ley. Sucede a menudo y puede hacer que nuestras democracias se conviertan en lo que el profesor Ran Hirschl denomina “juristocracia”.
‘Lawfare’: ¿podemos confiar en los jueces?
