Ni el PP cuando Íñigo de la Serna era el titular de la cartera de la que dependía Vivienda ni luego el PSOE con Raquel Sánchez de ministra pudieron sacar adelante la reforma de una de las leyes más demandas por el sector inmobiliario, la del Suelo. Pero como no hay dos sin tres, la sucesora en el cargo de De la Serna y Sánchez, Isabel Rodríguez, va a tratar de culminar la tan anhelada modificación esta legislatura. La ministra de Vivienda llevará hoy al Consejo de Ministros el texto con la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana para su iniciar su tramitación en las Cortes Generales.
Aunque, como explicó en diciembre de 2022 Raquel Sánchez tras aprobar el anteproyecto en el Consejo de Ministros que luego decayó con la convocatoria electoral de julio de 2023, con la norma se pretendía “actualizar” el planeamiento urbanístico y territorial, y “simplificar la burocracia” sin generar “merma alguna de la seguridad jurídica y del interés general”, el componente más importante de la ley es que impide que se paralicen planes de ordenación urbanística por defectos menores.
Cambio
En el anteproyecto de la norma, el Ejecutivo explica que “tanto en España como en otros países europeos” se ha detectado la problemática que plantea la “calificación inflexible de los vicios de los Reglamentos cuando estos se proyectan sobre los instrumentos de ordenación territorial y urbanística”, algo que provoca su “nulidad de pleno derecho por cualquier tipo de vicio procedimental, por insignificante que éste sea”. Así, afirma que “se cuentan por decenas los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que se han anulado y que continúan anulándose”, lo que genera “una amenaza grave para la seguridad jurídica, además de una paralización de la potestad planificadora de las Administraciones públicas que provoca efectos muy negativos sobre los intereses generales”.
Para corregirlo, el anteproyecto introduce la figura de la nulidad parcial de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística cuando dicha nulidad pueda individualizarse respecto a un determinado ámbito territorial, preceptos o determinaciones concretas. Asimismo, el anteproyecto pretende circunscribir la nulidad en cascada únicamente a aquellos instrumentos y actos que contengan el mismo vicio de nulidad que el instrumento declarado nulo ya que, hasta ahora, la declaración de nulidad de un instrumento de ordenación territorial y urbanística implica la nulidad de todo su planeamiento de desarrollo e incluso de sus actos de aplicación.
La norma también limita de manera notable el derecho al ejercicio de la acción pública urbanística en la medida en que se vincula expresamente a la defensa de los intereses generales.
Desde el Gobierno esperan que la ley salga adelante y cuentan para ello con que recibirán el apoyo del PP dado que este partido también trató de sacar adelante una reforma de la misma.
Satisfacción de los promotores
El anuncio de la modificación de la Ley del Suelo ha sido muy bien recibido por los promotores y constructores. La secretaria general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), Beatriz Toribio, ha declarado recientemente a Servimedia que en el desarrollo de un suelo “pasan los años y a veces se impugna un plan por un determinado informe y hay que volver al principio del proceso y comenzar de nuevo”. Esto, por un lado, provoca más costes para el promotor y, por otro, impide desarrollar “la oferta necesaria”. “Por eso insistimos tanto en la necesidad de que haya una gestión del suelo eficaz y que sea rápida, además hoy en día tenemos los medios tecnológicos para ello”, afirmó.
La representante de los promotores cree que la norma que quiere aprobar el Gobierno es “clave” porque va a permitir atacar “uno de los cuellos de botella del sector”, como es el desarrollo del suelo. “Un suelo puede llegar a tardar en desarrollarse 20 años. Esto no tiene sentido en el siglo XXI”, indicó. Toribio destacó que en el mercado libre un 40% del precio de la vivienda es el precio del suelo.
Según datos que maneja APCEspaña, en la actualidad hay casi un centenar de municipios afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad de sus respectivos planeamientos urbanísticos. Se trata de un dato muy revelador, sobre todo si se tiene en cuenta que, en términos de población, en estos municipios afectados se concentra una población de casi cuatro millones de personas.
