La Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A) ha presentado este lunes dos querellas ante el Tribunal Supremo (TS) contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por delitos de revelación de secretos, en relación al caso del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Díaz Ayuso.
Desde la entidad cívica acusan a Montero de haber utilizado el pasado 12 de marzo su condición de titular de Hacienda para filtrar y utilizar con “fines partidistas” los datos fiscales de González Amador por su relación personal con Ayuso.
Por otro lado, consideran que hay indicios de que el 14 de marzo la Fiscalía de Madrid, que dirige Pilar Rodríguez, reveló el contenido de las comunicaciones del Ministerio Público con el abogado del empresario “siguiendo instrucciones” de García Ortiz e incurriendo, con ello, en el “quiebro de su deber de confidencialidad”.
En este sentido, acusan tanto a la fiscal jefe de Madrid como al fiscal general del Estado de haber “comprometido” con estos actos el derecho de defensa de Alberto González y la neutralidad e independencia de la institución judicial en la que ocupan altos cargos de responsabilidad. “Se ha convertido en un mero apéndice del Poder Ejecutivo”, critican en el comunicado con el han informado de este movimiento en los tribunales. Por ello, les imputan a García Ortiz y a Pilar Rodríguez un segundo delito de infidelidad en la custodia de documentos.
Pese a que lo más probable es que la denuncia sea archivada por el Supremo, como ha ocurrido con otras denuncias similares contra miembros del Gobierno, en el Foro Libertad y Alternativa confían en que el tribunal “pueda ejercer de manera independiente sus funciones para defender el imperio de la ley y protege el sistema democrático y las libertades”.
El 14 de febrero ya habían remitido un requerimiento a la vicepresidenta Montero para que aclarase en un plazo de cinco días por qué conocía datos privados de la situación fiscal deAlberto González, antes de que fuese, según la asociación cívica, publicada por algún medio de comunicación. Advertían, igualmente a la también ministra de Hacienda, que de no hacerlo interpondrían una querella en su contra ante el Supremo, tal y como finalmente han hecho justamente once días después.
