El pulso entre Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, y la empresa de reparto Glovo se encona. Y no hay visos de que la situación mejore. Más bien al contrario, la discusión por el abuso de falsos autónomos para contratar repartidores, los conocidos como riders, ha escalado varios grados estas semanas. La dirigente de Sumar ha lanzado un ultimátum: llevará a los administradores de la mercantil catalana ante los tribunales, pero no a los especializados en conflictos laborales, sino a los penales. La titular de Trabajo cree que hay razones para sentar a los responsables de Glovo en el banquillo por un delito contra los derechos de los trabajadores, después de hacer caso omiso a los numerosos requerimientos de la Inspección de Trabajo para regularizar su plantilla. Y así se lo ha trasladado a la Fiscalía General del Estado.
Penas de cárcel
Los castigos que recoge el Código Penal para los administradores que se pasen de la raya son severos. La ley prevé penas de cárcel para los responsables e indemnizaciones millonarias, además de la posibilidad de clausurar sucursales o paralizar la actividad de la empresa. En el caso del abuso continuado de falsos autónomos, la normativa prevé penas de prisión de hasta seis años para los administradores involucrados, además de un rango de multas de entre 3.000 y 10.000 euros. En cualquier caso, una hipotética condena a Glovo marcaría un hito en la historia judicial española, pues no existen precedentes judiciales.
