Antes de la victoria de una asociación de señoras suizas con una edad media de 73 años esta semana en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, ya hubo otras sentencias históricas a favor de grupos de ciudadanos y asociaciones que llevaron a sus gobiernos ante la justicia por la emergencia climática. Desde un puñado de jóvenes o pequeñas organizaciones locales a grandes agrupaciones sociales respaldadas por millones de firmas. La ciudadanía preocupada por la insuficiente respuesta de los países frente a la amenaza del cambio climático ha dejado en evidencia en los tribunales a los gobiernos de Países Bajos, de Francia, de Alemania, de algunos Estados de EE UU, de Bélgica… Salvo en España, donde el Supremo dio la razón el verano pasado a la Administración frente a los ecologistas en el primer litigio climático del país, son ya muchos los precedentes en los que los jueces fallan a favor de las demandas de los ciudadanos para que los Gobiernos cumplan con su responsabilidad de proteger a la población ante el calentamiento del planeta. Y se espera que sean muchos más por la proliferación de litigios climáticos. ¿De qué han servido realmente estas victorias en los tribunales? En la mayoría de los casos, no se han traducido en cambios significativos en las políticas para reducir las emisiones que provocan el cambio climático, pero sí han conseguido otros impactos importantes.
Recurso de la petrolera Shell
Los litigios climáticos no van solo contra los gobiernos sino también contra algunas empresas. Un ejemplo de la estela dejada por sentencias históricas como la de Urgenda en Países Bajos fue el recurso presentado en los tribunales 2018 por Milieudefensie, la rama holandesa de Amigos de la Tierra, contra la petrolera Shell. En esta ocasión se sumaron a la demanda otras seis organizaciones ecologistas y más de 17.000 particulares, alegando que Shell sabe desde los años sesenta que la extracción de gas y petróleo tiene efectos nocivos para el clima. El resultado fue otra sentencia calificada de histórica en 2021, en la que un tribunal de La Haya concluyó que la petrolera tiene la obligación de contener la contaminación generada por sus actividades, y debe influir además en la producida por sus proveedores y clientes. ¿Qué pasó con esta sentencia? Pasados casi tres años del fallo, el caso está otra vez en los tribunales. Este viernes han concluido las audiencias de la apelación presentada por Shell y los jueces deliberarán a partir de ahora.
