Las universidades madrileñas quieren financiación. Es más, “estamos en riesgo, estamos en un momento en que la dificultad es mantenernos”, han asegurado los seis rectores de las universidades madrileñas que hacía 20 años que no se sentaban juntos para poner en valor su aportación a la sociedad mientras lamentaban que “no interesamos a nadie en el ámbito político”, dijeron durante un acto organizado en el Círculo de Bellas Artes.
Ángel Arias, rector de la Carlos III, se quejó de que la financiación que reciben de las universidades “no cubre los gastos de personal, es insuficiente y tenemos obsolescencia en todos los edificios, estamos anticuados en las instalaciones”.
La rectora d e la Autónoma, Amaya Mendikoetxea, dio el detalle de la situación económica a la que se enfrenta su universidad: “El 80% va a parar a pagar personal, el 15% lo empleamos en abrir todos los días los edificios y queda solo un 5% para todo lo demás. Si hay un crecimiento del capítulo de personal, no puedo reponer todas las jubilaciones, no hay ninguna capacidad de crecimiento o expansión o posibilidad de pensar en nuevos proyectos”.
En un momento en el que la Comunidad de Madrid está elaborando la Ley de Universidades madrileña, que prevé recibir la aprobación de la Asamblea de Madrid a final de año, Arias defendió la disposición de los rectores para negociar y exigió la necesidad de tener un plan estratégico y una financiación por objetivos. “Reivindicamos esa financiación de las universidades por el interés social”. A todo ello unió la necesidad de atraer el talento para poder abordar los retos sociales, cosa que solo se consigue con financiación, según apuntaron.
El rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, tendió la mano a la Comunidad de Madrid para negociar de forma conjunta con el Ejecutivo de Díaz Ayuso. “Ya fuimos capaces de consensuar hace unos años una norma que no vio la luz con un Gobierno autonómico del mismo signo político, queremos sentarnos a negociar una norma que nos regule y que responda a los intereses de nuestra Comunidad autónoma, que permita fijar los objetivos y el modelo de financiación. Si ya lo logramos, creo que podemos hacerlo de nuevo otra vez, estamos dispuestos a dialogar para logar la mejor ley”.
Hace unos meses que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó las líneas generales de lo que será la futura norma, que incluiría un nuevo modelo de financiación de los centros públicos que sea plurianual y revisable para transferirle la inversión adecuada a los campus en función de sus peculiaridades pero, de momento, no ha habido una negociación con los rectores que permita concretar este aspecto habida cuenta de que la aplicación de la Ley de Universidades del Gobierno central tendrá un sobrecoste estimado para las universidades madrileñas de 100 millones de euros.
Saz, lamentó que no perciba la influencia que ejercen las universidades en la sociedad y quiso poner en valor lo que aportan sus campus. Cifró en 113 millones el impacto económico directo que generó en el Corredor del Henares solo en el año 2019 y el gasto en 35 millones en proveedores, mientras que su valor social está estimado en 144 millones, “una cifra muy superior a lo que recibe de la Administración pública”. Más aún, estimó que el 19% del crecimiento de Madrid fue desarrollado por las universidades.
