Giorgia Meloni, primera ministra de Italia y líder del ultraderechista Hermanos de Italia, prometió decenas de veces en campaña electoral que no modificaría la ley del aborto. Y esa parte del compromiso podría decirse que la ha cumplido. La estrategia, sin embargo, es socavar ese derecho regulado en la ley 194, aprobada en 1974, a través de distintas iniciativas. Primero fueron las trabas para acceder a la píldora abortiva, luego las propuestas para que las embarazadas deban escuchar el latido del feto o contemplen una ecografía antes de tomar una decisión definitiva. Y ahora, su gobierno acaba de aprobar un paquete de enmiendas para la recepción de los fondos europeos pospandemia en la Cámara de Diputados que incluyen la posibilidad de que las llamadas asociaciones provida ―es decir, antiaborto― puedan entrar en las clínicas donde las mujeres van a informarse o a poner fin a un embarazo.
Meloni quiere que las asociaciones antiaborto de Italia entren en las clínicas
