Temis tenía el don de la clarividencia. En el Olimpo griego era la diosa del orden y la ley natural: poseía el talento de ver más allá y era capaz de tomar las decisiones más ecuánimes. Justicia fue su heredera romana y con la venda en los ojos, la balanza en una mano y la espada en la otra ha ido repartiendo soluciones a las disputas, discrepancias y conflictos que le plantean los mortales. Y esa imagen femenina ha llegado hasta hoy como icono colectivo de uno de los poderes clave del Estado. También de uno de los más cuestionados. Hace unos meses el CIS preguntó sobre la Justicia y concluyó que era el servicio público peor valorado por los españoles: el 66,2 por ciento, o lo que es lo mismo dos de cada tres encuestados, se mostraba poco o nada satisfecho con su funcionamiento. Las indagaciones sobre el criterio de los españoles han vuelto esta semana con otro barómetro tan cuestionado por expertos, que dudan de la imparcialidad de sus preguntas, como por la oposición, que denuncia intereses electorales.
Según ese sondeo, el 81,4 por ciento de los españoles cree «que es necesaria una reforma de la situación de la Justicia en España» y hasta un 82,6 considera que «en ocasiones se ve influida por poderes políticos o económicos». Y con esas respuestas, más o menos inducidas, se constatan algunas de las dudas sobrevenidas en la conversación pública: a las quejas acostumbradas sobre la burocracia excesiva o la lentitud paquidérmica, se ha añadido el ya cotidiano «lawfare». Esa conjura conspiranoica, exportada de latitudes latinoamericanas por Iglesias y los suyos, a la que, después, con tanto fervor se han abrazado otras fuerzas políticas con intentos incluidos de llevarla hasta la sede de la soberanía nacional para contribuir a su desgaste y desprestigio.
Y entre tanto debate con mucho de artificial, si se busca, se encuentran perspectivas que describen otra realidad. Ante el peor balance de un comienzo de año en la violencia vicaria, que es la maldad en estado puro, resurge el espíritu Arenal a través de una sentencia pionera, en la que no solo se suprimen las visitas y la comunicación entre una menor y el progenitor al que se refería como «el señor que casi mató a mi madre», sino que también incluye una carta a la niña para intentar darle una explicación a lo que le ha ocurrido. La jueza Isabel Giménez, del juzgado de instrucción 19 de Barcelona, heredera de Temis y Justicia, se impone a cualquier conclusión demoscópica abstracta y marca, con su actuación concreta, la distancia exacta que separa eso que llaman «lawfare» de la Justicia.
