El Parlamento europeo aprobó el 10 de abril las nuevas normas sobre el etiquetado de la miel, una medida que trata de combatir el producto adulterado procedente de terceros países.
En el futuro, la etiqueta tendrá que indicar de manera visible los países de origen de la miel con el porcentaje que representan en la mezcla y se creará una plataforma de expertos que ayudarán detectar la miel adulterada y mejorar los controles.
Una forma de proteger a los consumidores de una práctica muy frecuente, a la vista de los datos de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Centro de Investigación Conjunta de la UE recogidos por Sicpa (proveedor de soluciones de seguridad en las cadenas de suministro), que indican que casi la mitad (46%) de la miel importada en la Unión Europea ha sido alterada mediante la adición de agua o jarabes de azúcar artificial con el fin de aumentar su volumen.
En el análisis de muestras, 24 de las 47 tomadas en España fueron puestas en la categoría de sospechosas, y 13 de los 15 operadores en nuestro país importaron productos en los que se detectó el empleo de aditivos, colorantes y estrategias para encubrir el origen geográfico y la trazabilidad del producto.
La situación no solo daña a los consumidores sino también a los apicultores. España tiene alrededor del 16% de las colmenas de toda la UE, y el 80% se encuentra en manos de apicultores profesionales que gestionan más de 150 colmenas. Más allá de lo económico, a este sector se le atribuye un importante papel en la conservación del medio natural, la polinización de los cultivos y el mantenimiento de la biodiversidad, aunque en los últimos años sufre también las consecuencias de las sequías y el cambio climático.
