Expropiaciones masivas de casas a pie de playa, cierre de chiringuitos y traslado de empresas. Estos son algunos de los miedos que hay en torno al futuro Reglamento General de Costas, que el Gobierno intentará sacar adelante de nueva cuenta después de que el Tribunal Supremo tumbara el pasado febrero la modificación anterior a la norma por un defecto de forma en su tramitación al haber omitido el trámite de consulta pública. Pero lo que sabemos sobre esta futura norma no anticipa una revolución en los litorales españoles.