La Consejería de Salud y Consumo ha vuelto a ampliar –en esta ocasión, hasta el próximo 22 de abril– el plazo de presentación de ofertas para el acuerdo marco licitado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por un importe de 87.439.980 euros, IVA incluido, “por el que se fijan las condiciones para la contratación del servicio de asistencia sanitaria complementaria para pruebas diagnósticas a usuarios” del SAS “en centros sanitarios y servicios privados de la comunidad autónoma de Andalucía y provincias limítrofes pertenecientes a otras comunidades autónomas”. Es la cuarta vez desde el pasado mes de febrero que la Consejería de Salud amplía dicho plazo de presentación de ofertas, toda vez que estaba previsto inicialmente que éste finalizara el 7 de febrero, si bien el departamento que dirige Catalina García modificó esa fecha y la sustituyó, primero, por la del 29 de febrero, y después por las del 15 de marzo y el 12 de abril, día que tampoco ha sido finalmente el último para concurrir a esta licitación.
Así se desprende de una resolución de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se justifica esta ampliación del plazo de presentación hasta las 14,00 horas del próximo 22 de abril, habida cuenta del “volumen de consultas recibidas por las personas licitadoras interesadas en este expediente”. De este modo, desde la Consejería de Salud y Consumo se ha considerado “conveniente” ampliar dicho plazo para “poder facilitar a todos los interesados la información adicional relativa a las respuestas a las consultas recibidas, en orden a la elaboración de las ofertas”, según se apunta en la citada resolución, firmada por el director general de Gestión Económica y Servicios del SAS, José Antonio Miranda, en la que se alude al artículo 136.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para acordar esta ampliación del plazo de presentación de proposiciones.
La adjudicación de este contrato, cuyo valor estimado asciende a un montante de 201.111.954 euros, ya experimentó otro retraso el año pasado después de que la misma Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS acordase el 23 de noviembre de 2023 el “desistimiento” de dicho procedimiento a raíz de una resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que detectó “infracciones legales insubsanables” que conllevaban “la anulación del pliego de cláusulas administrativas particulares” que regía el procedimiento de adjudicación del citado acuerdo marco.
Posteriormente, la Consejería retomó esta licitación, que se encuentra dividida en 34 lotes, y que contempla la previsión de que la duración del acuerdo marco se extienda a dos años con posibilidad de prorrogarse por otros dos más. Este acuerdo marco, además, está al margen del Plan de Garantía Sanitaria que anunció el pasado febrero la Consejería de Salud y Consumo para reducir las listas de espera quirúrgica en la sanidad andaluza, que, en su primera fase, cuenta con una inversión de 283,3 millones de euros. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, reconoció recientemente, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del pasado 2 de abril, que existe un “retraso” en el proceso de licitación de este acuerdo marco, que esperaba tener listo cuanto “antes”, según añadió.
Catalina García justificó dicho “retraso” aludiendo, primero, a la “impugnación” que hubo por parte de empresas interesadas en el proceso y, en segundo lugar, “porque se está dando mucha información a las empresas”, de ahí “esas prórrogas, para evitar después tener esa impugnación por parte” de las entidades interesadas, según sostuvo. Desde la Consejería de Salud y Consumo se defiende que existen “varias razones que justifican la duración de dos años para este acuerdo marco”, como son que así se proporciona “estabilidad y certidumbre a largo plazo para los proveedores de la prestación de la asistencia sanitaria complementaria y para la Administración”, algo que “les permite planificar sus actividades y recursos con anticipación, lo que puede mejorar la eficiencia y la efectividad de los servicios sanitarios”.
Además, “una duración de dos años, más la posibilidad de hasta dos años de prórroga, puede ayudar a reducir estos costos y el tiempo necesario para llevar a cabo procesos de licitación”, según sostiene igualmente la Junta, que razona también que “un acuerdo marco de hasta cuatro años, incluyendo sus posibles prórrogas, permite a los proveedores de servicios sanitarios complementarios adquirir experiencia y conocimientos más profundos sobre los requisitos y necesidades de la Administración”. Igualmente, “un acuerdo marco por dos años ofrece cierta flexibilidad para adaptarse a los cambios en las necesidades y demandas de los pacientes y del mercado en general”, argumentan también desde la Junta.
