Por supuesto, no es la primera vez que el nacionalismo catalán explora la vía del artículo 92 de la Constitución para plantear un referéndum de independencia acordado con el Gobierno, cuestión que ya dilucidó el Tribunal Constitucional en 2008, a iniciativa del entonces presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, al rechazar una propuesta similar del PNV.
La base argumental fue que obligaba a reformar el artículo 2 de la Carta Magna –que establece «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas»–, que al estar incluido en el Título Preliminar exige, entre otros trámites, la disolución de las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones.
Es decir, el mismo procedimiento que si alguien quisiera proponer un referéndum sobre la supresión de las autonomías y la vuelta a un Estado centralista que es, en efecto, una decisión política de especial trascendencia. Por lo tanto, tendrían razón los medios gubernamentales que han tildado la propuesta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de «mero electoralismo», sino fuera porque el antecedente de la ley de amnistía, enfáticamente rechazada por Pedro Sánchez antes de la celebración de las elecciones de julio pasado, vuelve creíble el «electoralismo» de ERC y provoca una comprensible aprensión entre la opinión pública española, que ha visto atónita cómo el líder del PSOE cambiaba radicalmente de opinión y decidía que la medida de gracia era constitucional, cuando la Fiscalía, la Judicatura, la Abogacía del Estado y la inmensa mayoría de los juristas advertían de lo contrario.
Pero Sánchez necesitaba los 7 votos de Junts para repetir en La Moncloa y para ese fin ha sido capaz de allanar las instituciones y desdecirse con absoluta tranquilidad. Y no sólo. El espectáculo de sus ministros y portavoces del partido siguiendo azoradamente el siempre cambiante argumentario monclovita, que es uno de los elementos que caracterizan lo que se ha dado en llamar «el sanchismo», justifica el escepticismo general de la sociedad española ante las afirmaciones del inquilino de La Moncloa, por más empaque que simule.
En definitiva, un jefe de Gobierno que carece de credibilidad y que considera que la democracia sólo consiste en sumar votos es el mejor aliado del populismo de Pere Aragonès, que necesita agitar la campaña electoral en clave separatista para hacer olvidar a sus bases el constante y leal apoyo parlamentario suministrado al Ejecutivo socialista. Aun así, mucho nos tememos que el debate sobre el referéndum de autodeterminación pactado, que estaba zanjado, volverá a protagonizar la política catalana, siempre rehén de los nacionalistas.
