Falta tan solo una semana. 7 días. Toda la maquinaria
judicial está lista para este próximo 9 de abril, cuando está previsto que Daniel Sancho se siente en el banquillo de los acusados para responder a los
hechos acontecidos aquel trágico 2 de agosto en el que Edwin Arrieta fue asesinado.
Sobre él pesa una posible condena a muerte, si se demuestra lo que las
autoridades tailandesas mantienen, que el crimen fue premeditado antes de
llevarlo a cabo, cuando terminó descuartizándolo y esparciendo las partes de su
cuerpo por la isla en la que se encontraban de vacaciones. Pero su defensa ha
estado estos meses trabajando muy duro para tratar de demostrar su inocencia o,
al menos, rebajar la condena señalando las supuestas irregularidades del
proceso y la delicada situación en la que se encontraba el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, que aseguraba ser víctima y sentirse encerrado en
una “jaula de oro”.
Con el juicio a la vuelta de la esquina y con solo una
semana de espera, su principal abogado defensor, Marcos García Montes, se ha
sentado en el plató de ‘Vamos a ver’ para explicar cómo van a actuar durante el
proceso para librar a su cliente de la pena de muerte y optar a una posible
repatriación para cumplir condena en una prisión española. Además, el afamado
abogado ha desvelado no sólo cómo se encuentra el propio Daniel Sancho, sino
también cómo está viviendo esta recta final su padre, Rodolfo Sancho: “Daniel
está bien. Su padre me acaba de decir que está tranquilo”, sentencia el letrado
que defiende sus intereses en Tailandia, en cooperación con otros bufetes de
abogados que también priman por sus derechos en España.
Dicho esto, Marcos García Montes ha detallado cómo se
llevará a cabo su defensa en el inicio del juicio: “El abogado de oficio y el
equipo español ya hemos preparado la entrada, que es un informe de 60 folios
examinando las pruebas. Decimos que en la reconstrucción no había fiscal, no
había juez, no había abogado y todas las filtraciones de la policía”, comienza
a desgranar en qué se aferrarán para conseguir que Daniel Sancho sea declarado
inocente o, al menos, no culpable de la premeditación del crimen que ya ha
confesado a las autoridades. “También es cierto que nos apoyamos en la
autopsia, de la que seguimos sin saber por qué es imposible conocer la data y
la causa de la muerte”, añade.
Y es que la intención de la defensa de Daniel Sancho es dar
por inválidas sus propias declaraciones, especialmente la confesión del
asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano. Así, desea impugnar todo
aquello que dijo antes de que estuviese su abogado presente y cuando las
garantías de su testimonio se pueden asegurar como libres sin coacción ni
tretas: “Y luego el reportaje fotográfico que hace la policía a las 24 horas de
la detención, en el que aparecen mordeduras. Impugnamos todo eso y las
declaraciones, porque solo la última puede ser medianamente válida, porque la
hace con abogado y en las que dice que se trata de una pelea y ya entramos en
el juicio directamente”.
El abogado de Daniel Sancho denuncia que no se ha respetado
la presunción de inocencia. Especialmente viendo responsable de ello a la
policía tailandesa y también a la fiscalía: “Hay que saber por qué muere y el
motivo por el que hay una camisa sin hemorragia. Se le detienen diciendo que le
van a deportar a España y que firme una declaración sin abogado y en tailandés.
Hay una intérprete que habla con la policía y no sabe ni cómo se llama. No se
sabe ni el número de la licencia. Esto es poco serio”, denuncia el letrado que
considera que “las pruebas tienen que practicarse legalmente y una
reconstrucción sin abogado, ni juez, ni fiscal no vale. Además, su declaración
tiene que ser en un idioma que entienda. No vale solo el inglés. Vamos a pedir
que todas las pruebas hechas sin intervención del juez o del fiscal sean justas
(…) Tienen que ser nulas, entre otras cosas las declaraciones. En un momento
determinado hay que focalizar todo en la causa y la fecha de la muerte, porque
sin eso es imposible determinar un asesinato o un homicidio”, se mantiene firme
Marcos García Montes. Y es que la jurisprudencia juega a su favor: “En casos
parecidos han ido al homicidio imprudente o al accidental. No confiamos en la policía,
pero sí en el tribunal, porque en otros casos han decretado penas de ocho años
o menos de seis, confiamos absolutamente en ellos”.
