El Gobierno se pone serio con las regresiones en movilidad sostenible que han hecho varios ayuntamientos del PP, que han eliminado carriles bici y carriles bus para dar más sitio al coche. Muchas de esas actuaciones se pagaron con fondos europeos Next Generation, por lo que cualquier modificación requiere de la aprobación previa del Ministerio de Transportes. El departamento de Óscar Puente ha enviado este lunes una resolución —a la que ha tenido acceso EL PAÍS— a uno de estos consistorios, el de Murcia (PP), en la que le niega los cambios que pretendía hacer en el proyecto —dejar sin construir varios tramos de carriles bus y carriles bici— y le da cinco días para responder. Es la primera vez que se pone en marcha este proceso, que abre la puerta a exigir la devolución de unos 10 millones de euros. En el ministerio están analizando otras actuaciones similares.
Transportes inicia el proceso para exigir la devolución de fondos europeos a alcaldes que frenan la movilidad sostenible
