La nueva Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid deberá resolver 17 informes pendientes de 2023, cuando el PP de Isabel Díaz Ayuso aún no había ejecutado la reforma legal que le permitirá controlar a partir de ahora el órgano que debe fiscalizar a su Gobierno. Joaquín Leguina, expresidente regional con el PSOE que ha sido promocionado a la presidencia de la institución por su afinidad con la baronesa, será quien dirija las deliberaciones y asigne las tareas de fiscalización al resto de los consejeros. Esas decisiones servirán de termómetro para medir si la nueva composición de la cámara, con cinco consejeros del PP, uno de Más Madrid y otro del PSOE, afecta a la dinámica fiscalizadora del equipo anterior, que ha dejado al menos una patata caliente para los intereses del Ejecutivo de Ayuso. Así, EL PAÍS ha accedido a una nota informativa sobre el anteproyecto para fiscalizar la gestión de los planes de vivienda pública en la región que refleja quejas porque el Ejecutivo haya dificultado la labor fiscalizadora hasta hacer imposible que el trabajo esté completo, según la versión de los autores.
Un informe preliminar de la Cámara de Cuentas critica al Gobierno de Ayuso por dificultar la fiscalización de las inversiones en vivienda pública
