Los retrocesos comenzaron hace unos años. Primero fue Polonia. Se convirtió en uno de los países con más restricciones en Europa para el aborto cuando, en 2020, el Tribunal Constitucional lo declaró ilegal a excepción de dos supuestos: cuando la vida de la madre corra peligro y si el embarazo es producto de una violación. Luego, Italia, que con la llegada de Giorgia Meloni ha ido incorporando trabas para el ejercicio de ese derecho. Malta ya lleva años siendo el lugar donde las mujeres tienen más difícil poder interrumpir su embarazo. Y en el resto de territorio europeo, donde es un derecho reconocido con mayor o menor amplitud, su acceso tampoco está garantizado para millones de mujeres. 20 millones, según la organización Mi voz, mi decisión, que es también el nombre de la Iniciativa Ciudadana Europea que ha abierto la recogida de firmas este miércoles. Necesitan un millón para que la petición tenga recorrido ante el Ejecutivo comunitario: que el aborto sea libre, seguro, gratuito y accesible, sea cual sea el país en el que vivan y la situación económica o administrativa que tengan.
Un movimiento organizado en 11 países europeos inicia una recogida de firmas para garantizar el acceso al aborto
