La ambigua decisión adoptada por un tribunal británico respecto a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos es la demostración de que el caso contra el cofundador de Wikileaks tiene un alto componente de persecución política y poca solidez jurídica. Los magistrados Victoria Sharp y Jeremy Johnson han decidido ganar tiempo, convencidos probablemente de que, como han sugerido algunas informaciones, aún es posible un acuerdo extrajudicial entre la Fiscalía estadounidense y los abogados del editor que permita salvar la cara a Washington y evite la entrega del preso más famoso de los últimos años.
Una decisión a medias para Assange
