El Govern ha vuelto a apagar, en el tiempo de descuento, el último incendio desatado con los trabajadores públicos catalanes. En la madrugada del primer día de campaña electoral, y minutos antes del inicio de una jornada de huelga, los departamentos de Justicia, Economía y Trabajo alcanzaron un acuerdo con los funcionarios de prisiones, inmersos en movilizaciones masivas para reclamar mejoras laborales y de seguridad tras la muerte, a comienzos de marzo, de una cocinera en la cárcel de Mas d’Enric de El Catllar (Tarragona) a manos de un preso. Es otra de las ágiles maniobras del Ejecutivo de Aragonès para restablecer las deterioradas relaciones con los 374.442 empleados públicos catalanes, que siempre representan un buen puñado de votos en contiendas electorales como las del 12 de mayo, a las que el candidato de ERC llega por detrás del PSC en los sondeos.
Aragonès firma la paz con los funcionarios de prisiones el primer día de campaña
