El forense Francisco Etxeberria ha participado en la recuperación de restos de más de 500 fosas de la Guerra Civil por todo el territorio nacional. Por sus manos han pasado cientos de esqueletos sin nombre que gracias a su trabajo y el de su equipo, Aranzadi, pudieron ser entregados a sus familiares con una identidad y causa de la desaparición, siempre la misma: “Muerte violenta de tipo homicida desde el punto de vista médico legal”. Hoy explica a EL PAÍS las posibles consecuencias de la ofensiva de los gobiernos autonómicos de PP y Vox contra las leyes de memoria. “Con voluntad política, en algo más de una legislatura, este problema podía haber quedado resuelto. Hay miles de fusilados aún en fosas y cunetas, pero no hay solicitudes sobre todos ellos y la apertura de algunas fosas ya no es técnicamente viable. Se había engrasado una maquinaria, una rutina de colaboración entre la secretaría de Estado de Memoria, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para atender las peticiones y recuperar los restos. Ahora todo se retrasa porque la ley estatal sigue vigente en todo el territorio, pero con el apoyo de las comunidades todo iba mucho más rápido. Si en una autonomía se suprime la comisión que examinaba los proyectos, todo se ralentiza”. Y el tiempo es clave. La mayoría de los descendientes de los represaliados son ancianos. Muchos de ellos han muerto sin poder rescatar a sus padres de las cunetas.
Consecuencias para ancianos y jóvenes de la derogación de las leyes de memoria
