Denuncian un desvío de casi 250.000 euros en la Empresa de Aguas de la Axarquía en época del PSOE

Denuncian un desvío de casi 250.000 euros en la Empresa de Aguas de la Axarquía en época del PSOE

Un total de 249.768,35 euros sin justificar. Eso es lo que ha denunciado ante los tribunales la Junta General de la Empresa Aguas y Saneamientos de la Axarquía, Axaragua, S.A.U. La denuncia está avalada por un informe del Interventor General de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, que es la propietaria del 100% de la empresa de aguas mencionada.

El trasfondo de este supuesto desvío de fondos se sustenta en los pagos realizados, en teoría, a cuenta del canon que dicha mercantil debía abonar a la Mancomunidad, una obligación que, pese a la antigüedad de los mismos (años 2017 a 2020), constan sin justificar. Según se refleja en el informe del interventor, al que ha tenido acceso este periódico, “ya en 2022, con motivo de la formalización de la cuenta general del ejercicio 2021, la empresa auditora AUDITA puso de manifiesto en su informe la existencia de una deuda de la Mancomunidad Costa del Sol-Axarquía con la empresa auditada, Axaragua, SAU, por conciliar en una cuenta denominada ‘A cuenta Canon de Mancomunidad'”.

La versión oficial era que esas cantidades eran “pagos realizados por la empresa Axaragua a distintos proveedores por suministros o servicios realizados a la Mancomunidad y que posteriormente se compensaba descontándolo del canon anual que dicha empresa transfiere a la Mancomunidad”. Esta “costumbre” se mantuvo “hasta el año 2020 en que se suspendió tal procedimiento”.

Señala el interventor que “como quiera que los pagos realizados mediante transferencias bancarias, no estaban justificados documentalmente, esta Intervención, a instancia del Anterior Presidente, instó a regularizar la contabilización de los mismos debiendo incorporar las facturas o documentos acreditativos de la realización del suministro o la prestación del servicio correspondientes; manteniéndose numerosas reuniones con el personal responsable de los servicios de contabilidad y el Consejero-Delegado José María Jiménez Ruiz, quien se compromete personalmente a aportar toda la documentación precisa”.

La realidad comprobada posteriormente es que “la única identificación del perceptor (de las cantidades) es la que viene en el propio documento bancario y la que puso la persona que realizó la transferencia en el concepto de la misma, como única documentación existente en el servicio de contabilidad”. Desde el departamento de contabilidad se apunta que “las únicas personas responsables en este empresa, con autoridad en la entidades financieras con firma y apoderamiento, eran el Vicepresidente y el Consejero Delegado de ese momento, afirmando que ningún trabajador o empleado de la empresa tuviera esa faculta”.

El propio departamento de contabilidad reconoce que esos pagos “se han hecho al margen del departamento de administración y del departamento de compras y contratación, obviando, por tanto, los procedimientos establecidos por esta empresa”.

Las únicas explicaciones del anterior consejero delegado es que las cantidades pendientes de justificar se corresponden “a un Convenio firmado entre la Mancomunidad y la entidad Aprendarium, S.L. a través del cual esta última se obligaba a la instalación de contenedores para el depósito y recogida de ropa usada en determinados municipios de la Axarquía”.

El análisis detallado de las cuentas ha revelado que “todos los documentos verificados tienen como ordenante de la operación de pago a Axaragua y están realizados a distintos beneficiarios”. De hecho, “se observan un total de 26 cuentas corrientes de destino, por un importe total que asciende a 252.636,72 euros” y se advierte de que “ninguno de los importes pagados cumple con los procedimientos de registro y aprobación de factura que tenía establecidos Axaragua para el periodo 2017 a 2020”.

El informe concluye con una apreciación similar a la que se ha establecido en casos como el de los ERE: “Los pagos pendientes de justificar realizados entre los años de 2017 a 2020, se realizaron al margen del procedimiento que estaba en vigor, y encontrándose sin justificar documentalmente la contraprestación de los mismos, así como sin identificar claramente sus perceptores”.

La nueva presidencia, con el apoyo unánime de todos los grupos políticos, ha puesto los hechos en conocimiento de los tribunales.

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