Las administraciones públicas españolas arrancaron el año con un descenso del déficit del 8 % en enero, hasta situarlo en 5.511 millones, un 0,36 % del PIB, gracias a la buena marcha de la recaudación tributaria.
El Ministerio de Hacienda ha publicado este miércoles los datos de ejecución presupuestaria de enero, que reflejan una corrección del déficit público -sin contar con los datos de las administraciones locales, que todavía no se conocen- debido a que el aumento de los ingresos, del 5,9 %, fue superior al de los gastos, que avanzaron un 4 %.
Como es habitual, la mayor parte del déficit se concentró en la administración central, con 3.957 millones, un 12,4 % menos que en enero de 2023 -gracias a la buena marcha de la recaudación tributaria- y equivalente al 0,26 % del PIB.
Las comunidades autónomas situaron su déficit en 1.236 millones, un 0,08 % del PIB y un 29,4 % más, ante el incremento de los gastos en conceptos como remuneración de asalariados o intereses de la deuda. Solo Asturias, La Rioja y País Vasco cerraron enero con superávit.
Por su parte, la Seguridad Social cerró enero con un déficit de 318 millones, un 38,4 % menos -gracias al fuerte incremento de las cotizaciones sociales, que recaudaron un 8,6 % más- lo que equivale al 0,02 % del PIB.
El déficit del Estado crece un 1% hasta febrero
Hacienda también ha avanzado los datos del Estado hasta el mes de febrero, cuando acumuló un déficit de 9.466 millones, un 1 % más que en los dos primeros meses de 2023, una cifra que equivale al 0,61 % del PIB (0,03 puntos menos).
Los gastos hasta febrero ascendieron a 40.012 millones, un 2,5 % más, después de que se disparara el gasto en intereses de la deuda (creció un 24,9 %) y repuntaran consumos intermedios (4,6 %) y remuneración de asalariados (2,2 %).
300 millones por la anulación de la reforma de Montoro
En los dos primeros meses del año el Estado ingresó 30.546 millones, un 3 % más, impulsado por la recaudación tributaria, que avanzó un 7,5 % hasta los 25.572 millones. El IRPF recaudó un 25,9 % más y el IVA, un 3,4 % más, tras la retirada de las bonificaciones para los impuestos energéticos.
Sin embargo, el impuesto de sociedades recaudó un 29,6 % menos al acusar un impacto de más de 300 millones de euros en devoluciones extraordinarias a las empresas tras declararse inconstitucional la reforma impulsada en 2016 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Precisamente para contrarrestar el impacto de esta anulación, el PSOE ha introducido en la ley de medidas antiinflación, todavía en tramitación, una serie de modificaciones del impuesto de sociedades que pretenden incrementar su recaudación.
El gravamen temporal bancario ingresó 843 millones, un 32,3 % más, y el energético, 612 millones, un 25 % menos.
