La orden ministerial para mejorar la planificación de los recursos humanos en la Administración General del Estado (AGE) que prepara ya el Ministerio de Función Pública con el objetivo de “identificar las necesidades de personal y mejorar los servicios públicos” -sostienen fuentes ministeriales- no contará con el apoyo unánime sindical, ya que la principal organización de funcionarios en la AGE, CSIF, no avalará esta orden ministerial, “ni ningún otro acuerdo”, si el ministerio no concreta las “áreas funcionales de nueva creación sobre las que se establecerán la carrera profesional, las plazas de la oferta de empleo público, retribuciones o la movilidad”, entre otros.
Desde CSIF han manifestado en un comunicado que el Ministerio que dirige José Luis Escrivá “ha improvisado una norma vacía de contenido” para poder continuar recibiendo fondos europeos procedentes del Plan de Resiliencia, por lo que “sigue sin afrontar cuestiones esenciales anunciadas a los medios de comunicación como eliminar la tasa de reposición, reforzar las plantillas -porque el Gobierno sigue sin presentar la oferta de empleo público de este año, apuntan- o la mejora de las condiciones de jubilación”.
En este sentido, el sindicato de preside Miguel Iborra, ha presentado varias enmiendas a la norma, tanto a esta orden ministerial como al proyecto de Ley para la ejecución del Plan de Recuperación -que contempla diferentes medidas en materia de Función Pública-, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados. Denuncia también el sindicato “la parálisis de la Administración como consecuencia de la inestabilidad parlamentaria del Gobierno”, que ha supuesto la prórroga de los Presupuestos Generales para este año, y que aún no se ha hecho efectiva la subida salarial de este año, y que “todavía hay departamentos ministeriales que no han aprobado su estructura definitiva”.
Por ello, CSIF ha enviado a Escrivá sus reclamaciones, que pasan porque tanto el nuevo modelo de planificación de recursos humanos, las áreas funcionales y la evaluación del desempeño “se concreten y negocien de manera efectiva con los sindicatos” a través de la secretaría de Estado; que se realice un “diagnóstico de situación del empleo público vinculado a
las necesidades de la AGE en los diferentes ministerios, agencias y organismos”. además de dotarlos de una financiación plurianual adecuada, “teniendo en cuenta que en 10 años
se va a jubilar el 60 por ciento de la plantilla”; y que la nueva planificación de recursos humanos y la implementación de las áreas funcionales que conlleva “debe realizarse garantizando los derechos de los empleados públicos respecto a carrera profesional, promoción interna, movilidad voluntaria, inamovilidad en el puesto de trabajo y formación”, entre otros, estableciendo un “calendario de negociación que lo garantice”.
