El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto por el cual modifica el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. Se trata de una base de datos gratuita pero no pública, que aglutina a los condenados por delitos contra la libertad sexual, y que impide que estas personas trabajen con menores de edad. En el texto, adelantado por Abc y al que ha tenido acceso EL PAÍS, se recoge la posibilidad de que tanto las empresas como los colegios profesionales o entidades, incluidas las de voluntariado, puedan solicitar, con permiso de la persona interesada, un certificado al registro “cuando sea necesario para la contratación y ejercicio de la relación laboral o actividad”. Así, tal y como se recoge en la exposición de motivos, “se facilita un control periódico”, impidiendo “que personas condenadas durante el ejercicio de estas profesiones o actividades puedan mantenerse en ellas”.
El Gobierno modifica el registro de delincuentes sexuales para mejorar la protección a la infancia
