El regreso del Estado a Telefónica más de un cuarto de siglo después encara su recta final. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ya tiene un 3% de las acciones de la operadora y el Gobierno se ha puesto como objetivo alcanzar el 10% “lo más rápido posible”. Para ello, y después de que se elucubrase con préstamos sindicados o emisiones de deuda para respaldar una operación que no bajará en su conjunto de los 2.000 millones de euros, el Ejecutivo ha decidido recurrir a los Presupuestos Generales del Estado. No importa que estén prorrogadas las cuentas de 2023: Hacienda asegura que hay margen de sobra y así se evita alargar en el tiempo una incertidumbre que pudiera impactar sobre la cotización de la empresa.