La rápida y contundente respuesta dada por el Congreso sobre el conflicto de atribuciones impulsado por el PP en el Senado —gracias a su mayoría absoluta— ha acrecentado aún más la guerra institucional entre ambas Cámaras. La Mesa de la Cámara baja, presidida por el PSOE, ha aprobado este martes un informe de sus servicios jurídicos en el que se tacha de “improcedente” el choque aprobado por el pleno de la Cámara alta y en el que se rechazan las pretensiones de los populares. La formación de Alberto Núñez Feijóo utilizó esta inédita herramienta parlamentaria para atacar la ley de amnistía desde otro flanco. Pero principalmente para prolongar el ruido frente a la medida de gracia de cara a la galería y para actuar de parapeto frente a Vox, que le pedía directamente paralizar la tramitación de la norma. Sin embargo, la dirección del PP sigue sin aclarar si culminará el proceso denunciando el conflicto ante el Tribunal Constitucional. Los populares guardan silencio y en su lugar vuelven a acusar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de ejercer la “arbitrariedad” en sus funciones. Por su parte, los socialistas denuncian la “estrategia dilatoria” del Partido Popular y les retan a llevar la causa ante el tribunal de garantías. Todo en medio de una pugna sin precedentes.
El PP mantiene la incógnita de si llevará al Constitucional el conflicto por la amnistía pese a la indicación del Congreso
