El defensor del pueblo de Castilla y León conocido en esta tierra como Procurador del Común, Tomás Quintana, ha dictaminado este martes una resolución dirigida a los grandes municipios de la Comunidad, a los que insta a elaborar y aplicar un plan de choque que permita la limpieza y protección del patrimonio público frente a los crecientes actos vandálicos en forma de pintadas y grafitis que se están registrando y que, según apunta, “afean las ciudades”.
Así lo ha puesto de manifiesto al presentar en las Cortes el informe de la institución correspondiente al año 2023, donde se detuvo en señalar que se han ocupado y han pedido información a los municipios de más población de la Comunidad con el objetivo de erradicar este fenómeno callejero.
Entre las medidas, Quintana llama a intensificar las labores de vigilancia policial, sobre todo de las zonas en que se prevea que, tras la limpieza, puedan verse nuevamente afectadas; realizar campañas de concienciación y educación, incluso promoviendo el grafiti y/o muralismo autorizados; así como adaptar la normativa, en el caso de que no lo contemple, para poder ejercer la potestad sancionadora y el resarcimiento de daños causados al patrimonio público.
Por otro lado, el Procurador se refería a una resolución dirigida a las diputaciones provinciales con la voluntad de contribuir al fomento de la rehabilitación de viviendas de titularidad de pequeños municipios, en muchos casos en deficiente estado de conservación. Todas diputaciones provinciales, a excepción de la de Ávila, que aún no ha respondido, aceptaron esta resolución.
En tal sentido, se insta a las instituciones provinciales a que activen los medios necesarios para proporcionarles la asistencia técnica y jurídica que sea precisa para concurrir a los procedimientos que se abran para obtener financiación de proyectos de dinamización demográfica en Castilla y León.
El alquiler social, situaciones de emergencia habitacional, las necesidades de personas especialmente vulnerables, de familias sin recursos o en riesgo de exclusión social fueron también quejas atendidas por el defensor de los ciudadanos de la Comunidad.
También ha apelado a la necesidad de que Castilla y León cuente con un Parque Público de Vivienda, aceptado por la Consejería, que permita el alquiler de un número de ellas acorde a las dimensiones y necesidades existentes en la Comunidad. Para ello, vio necesario aunar los esfuerzos de todas las administraciones y agentes sociales implicados, con objeto de garantizar a las personas más vulnerables el ejercicio del derecho a una vivienda digna y adecuada.
También, ha promovido de oficio un expediente sobre la transformación de locales comerciales en viviendas en las ciudades y grandes poblaciones de la Comunidad, que puede contribuir a favorecer el acceso a la vivienda, especialmente por parte de las personas jóvenes, aunque advierte de evitar la proliferación de infraviviendas, carentes de condiciones de habitabilidad, seguridad, accesibilidad, salubridad e iluminación natural.
Esta resolución, aceptada por Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, recomienda a la Administración autonómica que valore establecer unas directrices comunes y criterios mínimos y homogéneos de ámbito autonómico, a modo de estándares urbanísticos, para ser incorporados a los instrumentos de planificación y desarrollo urbanístico municipal que prevean la conversión de locales comerciales en viviendas.
Sanidad
Por otro lado, el Procurador del Común reclama a la Consejería de Sanidad “reforzar” las medidas que aplica para reducir las listas de espera y las “demoras” en la atención así como adoptar otras diferentes con el fin de evitar “retrasos” en la atención que demandan los ciudadanos, al ser un asunto que motivó un “importante” número de quejas en 2023, lo que para la institución que preside Tomás Quintana refleja la “preocupación” de los castellanos y leoneses por este asunto.
Y es que las listas de esperas ha sido uno de los motivos que generó numerosas quejas, especialmente en consultas externas y pruebas diagnósticas, así como en las intervenciones quirúrgicas a pacientes de niveles de prioridad dos y tres. Al respecto, reclama que se deberían adoptar medidas que permitieran acortar los tiempos de espera.
Ante la cámara, Tomás Quintana señaló que más allá de la aplicación del criterio de prioridad clínica, pese a que algunos procesos no tenían su origen en un problema grave de salud, son cuadros clínicos que alteran la vida personal y laboral de los pacientes, lo que para el procurador del Común supone “un problema añadido que afecta al derecho a la tutela de la salud”.
Otro de los asuntos abordados en este ámbito fue la asistencia sanitaria a las personas que residen en el medio rural, si bien las quejas tuvieron una “menor incidencia” que en años anteriores. Aun así, la institución abordó aspectos como la atención geriátrica y de fisioterapia en el Centro de Salud de Tábara, en la provincia de Zamora; las “deficiencias” en la conexión a internet en el Centro de Salud de Villavellid, en Valladolid; los problemas planteados en zonas rurales por el aumento de la población en época estival o los que suscita el sistema de cita previa telefónica.
Y, al respecto, pide que las personas que residen en el medio rural deben ser atendidas mediante un sistema sanitario público fundado en los principios de “equidad, proximidad y presencialidad”, de manera que se les garantice una atención sanitaria adecuada a sus necesidades, en concreto, al “predominante envejecimiento” de sus habitantes.
