Guardias civiles, entre ellos los encuadrados en la AEGC, han mostrado su satisfacción por la decisión de la Sección 4º de la Sala Penal de la Audiencia Provincial de Cádiz de mantener en la cárcel a los presuntos implicados en el asesinato de dos guardias civiles en Barbate.
La Sala ha emitido autos por cada uno de los investigados, en los que desestiman los argumentos de las defensas y confirman el auto del juzgado de instrucción de Barbate en su totalidad. Pese a las “pretensiones insistentes y retorcidas de las defensas en que existe un error sobre la lancha que cometió los hechos, que se les impide practicar la prueba necesaria, que los investigados fueron maltratados por la guardia civil y lo son en prisión, que la investigación es defectuosa y sesgada en una especie de complot político judicial desde Interior, el Ministerio Fiscal y las acusaciones”, los argumentos han sido rechazados.
Ha prosperado lo expuesto por el abogado Jorge Piedrafita letrado que ejerce la acusación popular en nombre de ADIVE (Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada) que fue la primera acusación en actuar tras el Ministerio Fiscal, cuyos argumentos han sido acogidos en todos sus extremos de no constar vulneración alguna al cumplirse todos y cada uno de los presupuestos jurisprudencialmente establecidos por la propia Audiencia Provincial de Cádiz.
Existen pruebas indiciarias que pericialmente acreditan que fue la narcolancha de los investigados la que embistió a la barca de la Guardia Civil. Además, existe un elevadísimo riesgo de fuga dado que los investigados cuentan con un amplio listado de antecedentes penales y policiales por narcotráfico y tienen la posibilidad de huir a Marruecos desde donde no podrían ser extraditados alguno de ellos.
Por su parte, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) se congratula de la decisión. “Para todos los que formamos parte de esta Institución, es importante que la Audiencia Provincial no haya caído en las artimañas de los narcos y sus defensas que solo buscan salir de prisión sin pagar por sus actos”. “Esta decisión impedirá que estos delincuentes y “supuestos” asesinos campen de nuevo a sus anchas por el Campo de Gibraltar o huyan del país sin que caiga sobre ellos todo el peso de la ley”.
