Iñaki Urdangarin estaba condenado mucho antes de que la justicia le impusiera una pena de cinco años y diez meses de prisión por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias. En febrero de 2006, cuando el diputado socialista Antoni Diéguez destapó el caso Nóos y preguntó en el Parlamento balear por qué Jaume Matas había dado contratos por valor de 1,2 millones de euros a una organización sin ánimo de lucro dirigida por el yerno del rey, el palacio de la Zarzuela intentó cortar el escándalo de cuajo. Alberto Aza, jefe de la Casa del Rey, envió un emisario a Barcelona para que trasladara al duque de Palma la orden de dejar sus negocios en el Instituto Noós. El exbalonmanista respondió que haría caso, pero siguió vinculado a la fundación y a varias sociedades satélite de forma indirecta varios años más. Entonces la Casa Real empezó a desentenderse de su persona y su destino final. Ese fue el principio de su fin.
Iñaki Urdangarin consigue la libertad y empieza una nueva vida sin trabajo y sin privilegios
