Koldo García, José Luis Ábalos, Isabel Díaz Ayuso y Salvador Illa son los nombres más reclamados y con más papeletas para comparecer en las dos comisiones de investigación del Congreso y del Senado sobre presuntas corrupciones en contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia.
Aunque aún no se ha registrado oficialmente ningún listado de comparecientes (en el Senado se hará el lunes), todos los partidos políticos, de derecha y de izquierda, tienen claro que los primeros de las listas deben ser el exministro de Transportes socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, que da nombre al caso.
Las comparecencias de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del exministro de Sanidad Salvador Illa también se dan por hechas. El PSOE y sus socios parlamentarios tienen mayoría suficiente en el Congreso para llamar a Ayuso, mientras que el PP y Vox coinciden con las exigencias de ERC y Junts de hacer comparecer a Illa para dar explicaciones.
Comparecencias en plena campaña catalana
Sin embargo, la presencia de Illa en plena campaña electoral en Cataluña no beneficiaría a los socialistas pese a que no han puesto pegas a ningún compareciente y el exministro está dispuesto a ir. De momento, su socio de Gobierno, Sumar, ya le ha echado un capote al avanzar que Illa no estará -de momento- en su listado.
Solo Junts y ERC insisten en esa comparecencia y fuentes cercanas a los de Puigdemont señalan a EFE que el caso mascarillas podría pasar factura al actual primer secretario del PSC y candidato a la Generalitat.
La presencia de Illa en cualquiera de las dos comisiones de investigación tampoco vendría mal al PP de cara a su campaña en Cataluña, por lo que si los populares no apoyan la lista de alguno de los partidos que contemple este nombre, todavía les queda el Senado para hacer valer su fuerza.
De momento, obligarán a comparecer a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
La mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta pone fácil el desfile de políticos socialistas en la Comisión Koldo del Senado, mientras que en el Congreso el PSOE deberá negociar con Sumar y con sus socios parlamentarios un listado con posibilidades de ser aprobado.
Los de Yolanda Díaz avanzan que centrarán sus peticiones en personas directamente implicadas y no creen que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tenga que comparecer.
Mientras, el PSOE observa con atención los pasos de los populares en el Senado para trazar su plan en el Congreso, sobre todo ante una posible citación de Pedro Sánchez o de su mujer, Begoña Gómez, por sus presuntos vínculos con Air Europa o con alguno de los investigados en el caso Koldo.
Fuentes socialistas han afirmado a EFE que la misma lista del Senado irá al Congreso, aunque lo cierto es que son listados abiertos que se pueden ampliar.
El PP confía en que Sánchez de explicaciones antes de tener que pedir su comparecencia en la comisión de investigación del Senado y de hecho no desperdiciarán el pleno de este miércoles en el que el presidente del Gobierno comparece para dar cuenta de los últimos consejos europeos y de la relación de España con Marruecos.
Todo parece indicar que el debate del pleno derivará en Koldo, Ayuso, Begoña Gómez o la amnistía.
¿Pero cómo se desarrolla una comisión de investigación?
Las comisiones de investigación están reguladas por los diferentes reglamentos de cada cámara. En el caso de la comisión Koldo del Senado no se ha establecido límite de tiempo mientras que la del Congreso tendrá un plazo de cuatro meses prorrogables.
Están obligados a comparecer todos los ciudadanos que sean citados según el artículo 76 de la Constitución, y en el caso del Congreso la notificación del requerimiento para comparecer y de los extremos sobre los que se deba informar debe hacerse con quince días de antelación, salvo que por circunstancias de urgente necesidad se haga con un plazo menor, que en ningún caso será inferior a tres días.
La duración de las intervenciones y el método de trabajo debe ser aprobado por la propia comisión, que adoptará decisiones en función del criterio del voto ponderado.
En ambas cámaras las conclusiones no son vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, pero en la Cámara Baja deberán ser aprobadas por el pleno y comunicadas al Gobierno
