Esta noche podría producirse una reacción en cadena. La Asociación de Fiscales, la mayoritaria de la carrera fiscal, decidirá a última hora de esta tarde si se levanta de la mesa y abandona el grupo de trabajo que organizó la semana pasada el fiscal general del Estado para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una tarea que se está impulsando en paralelo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que ha reactivado el Gobierno.
El malestar es creciente ante las informaciones que se han conocido sobre las supuestas injerencias de la teniente fiscal del Tribunal Supremo en el caso de revelación de secretos que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si finalmente la AF se suma a la decisión que ya ha adoptado de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) de abandonar el grupo de trabajo que organizó la semana pasada García Ortiz, sería un golpe devastador a la iniciativa, una reforma que tal como señaló el ministro de Justicia hace un par de semanas, tiene que ir en paralelo a la tramitación de la nueva Lecrim que quiere retomar el Gobierno.
Este periódico se ha puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado para conocer cómo valoran el abandono de la APIF y una posible baja de la AF, pero no han querido emitir ninguna valoración al respecto.
En las reuniones que mantuvo Bolaños hace dos semanas con todas las asociaciones de fiscales, les adelantó que su propósito es dejar en manos del Ministerio Público la instrucción de las causas penales a través de una nueva Lecrim. La reactivación de este proyecto se ha producido solo unos meses después de que desde Junts se reclamara retomar esta reforma para recortar los plazos de instrucción, teniendo en mente las instrucciones que afectan a los líderes independentistas.
Las asociaciones de fiscales, en términos generales, ven con buenos ojos que sea el Ministerio Fiscal el que asuma la instrucción en las causas penales, pero advirtieron que esta tarea se debe realizar con un nuevo cuerpo normativo que ofrezca las suficientes garantías de independencia a los ciudadanos que acudan a los tribunales. Y esto necesariamente debe ir vinculado a una serie de reformas que doten al Ministerio Fiscal de autonomía presupuestaria y a la Fiscalía General del Estado una dosis más elevada de independencia respecto del Ejecutivo de turno.
Tras la reunión celebrada el miércoles 10 de abril, las asociaciones expresaron que no se les había dado ninguna indicación y que se había dejado en sus manos la iniciativa de pilotar la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. También se pactó que el próximo encuentro sería el 7 de mayo y que en esa reunión se plantearía una metodología de trabajo.
Sin embargo, los últimos acontecimientos lo han enturbiado todo. Los fiscales consideran que el discurso de ayer de García Ortiz, en el que reconocía la responsabilidad del controvertido comunicado oficial de la Fiscalía Provincial de Madrid en el que se daba cuenta de unas negociaciones por email que mantuvieron el abogado del empresario Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, para un posible acuerdo de conformidad que no se concretó, hizo saltar todas las alarmas.
A ello se sumaron las informaciones sobre la supuesta instrucción que habría dado la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, a la fiscal que estudiaba la querella del novio de Ayuso, contra la Fiscalía de Madrid para que la rechace con el objetivo de mantener el mismo criterio defendido por el Ministerio Público frente a la querella que presentó el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Con estos acontecimientos sobre la mesa, esta tarde-noche la ejecutiva de la asociación mayoritaria de fiscales decidirá si se da de “baja” al igual que la APIF del grupo de trabajo que convocó el fiscal general del Estado.
