La Guardia Civil no ha omitido en ningún momento las referencias al actual coordinador de EhBildu y, en su día, terrorista de ETA PM, Arnaldo Otegui, sobre su supuesta participación en determinados crímenes con resultado de muerte. Otra cosa es lo que se haya hecho desde otras instancias. En los informes presentados a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que LA RAZÓN ha conocido, así consta.
A este respecto, la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha hecho público un comunicado en el que pide respeto “sobre todo, que quienes están creando opinión sobre una supuesta manipulación de informes potencialmente incriminatorios contra Arnaldo Otegui Mondragón” y les solicita que “se informen de verdad antes de lanzar ese tipo de acusaciones”. “A quienes no visten nuestro honroso uniforme, pero reclaman nuestra obediencia porque les corresponde dirigirnos (que) no sigan callando y otorgando con su silencio. Por acción o por omisión, tirios y troyanos están confundiendo a la opinión pública y dañando no solo a la Guardia Civil sino también a todas las víctimas del terrorismo y a todos los ciudadanos de bien, que merecen tener confianza en una institución que siempre fue fiel y confiable”.
“Esto que hoy hacemos público, que bien conocen en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en el Ministerio del Interior, –subraya la asociación– pone de manifiesto cuál es nuestro marco mental y profesional: que se haga justicia. Confiamos en que los responsables políticos o del Ministerio público, sin violar ningún secreto profesional ni sumarial, trasladen a los periodistas primero, y a través de ellos a todos los ciudadanos, lo que se pueda comentar sobre las investigaciones relacionadas con los asesinatos de don Luis Hergueta Guinea en Vitoria (Álava) y de don Juan de Dios Doval en San Sebastián (Guipúzcoa), ambos en 1980″.
“No se han omitido las referencias a Arnaldo Otegui. Es verdad que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha difundido un escueto comunicado sobre el archivo de los sumarios, pero no aclara que la Guardia Civil no eludió citar en sus informes a ninguna de las personas que directa o indirectamente hubieran tenido algo que ver con los hechos. Si no fuere el caso, lo aclararemos nosotros”.
Recuerda APROGC el trabajo del Servicio de Información (SIGC) para determinar la autoría y posterior condena de los autores del asesinato del funcionario de prisiones D. Máximo Carrera en Vitoria, en el año 2000; o la de la dirigente de ETA Iratxe Sorzábal por su participación en dos acciones terroristas cometidas en Gijón en 1996. También muy recientemente se ha tenido conocimiento del procesamiento de esta última terrorista por su participación en el asesinato del mando de la Ertzaintza Ramón Doral en Irún (Guipúzcoa) en 1996”.
Somos los mismos – dice APROGC sobre el SIGC– que en 1998 le dijimos al Gobierno de entonces lo que no quería escuchar: que ETA no se había rendido y su tregua era una herramienta, una palanca prevista en su estrategia desde hacía un lustro. Somos los mismos que en 2006 nos encontramos solos, igual que un ilustre fiscal “rebelde” y los abogados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, defendiendo como peritos en la Audiencia Nacional que todo el entramado político, mediático, cultural y empresarial de la llamada “Izquierda Abertzale” eran instrumentos de ETA, lo cual no quería escuchar el Gobierno de entonces, empeñado en que el sumario 18/98, el del macrojuicio, fracasara para que no se estropeara la negociación en curso… Y seguimos siendo los mismos. Para bien o para mal, como dijo alguien en cuyos planes interferimos por hacer cumplir la ley, “estos solo obedecen al Duque de Ahumada””.
“Desde luego, nos guía el ánimo de satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas y a que conozcan la verdad, pero sobre la base de pruebas formalmente asumibles y aceptables con las reglas procesales legalmente establecidas. Desde 2011, el Servicio de Información de la Guardia Civil ha entregado en los Juzgados Centrales de Instrucción y en la Fiscalía de la Audiencia Nacional nada menos que 200 informes relacionados con 170 acciones terroristas muy graves que permanecían sin resolver o juzgar”.
“ Fruto de la calidad de las evidencias plasmadas en esos informes y de su consideración por las Autoridades como suficientes y relevantes indicios de responsabilidad penal y después como pruebas de cargo, se ha conseguido en una cincuentena de casos el procesamiento o condena de varios militantes de ETA y, en una veintena de ocasiones con condenas por asesinatos y atentados con resultado de muerte”, agrega.
