La Junta inicia la tramitación de la nueva norma reglamentaria que regulará a los letrados y a los servicios jurídicos de Castilla y León

La Junta inicia la tramitación de la nueva norma reglamentaria que regulará a los letrados y a los servicios jurídicos de Castilla y León

Este martes 30 de abril, se ha iniciado el plazo para la
consulta pública a través del portal web de la Junta de Castilla y León para
recabar la opinión de los interesados en la reglamentación de la Ley 6/2003,
reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León. De esta
manera, se concede un plazo de 15 días naturales desde la publicación del
anuncio para que cualquier persona pueda aportar sugerencias con el objetivo de
enriquecer el texto de la norma.

El Reglamento de organización y funcionamiento de los
Servicios Jurídicos de la Comunidad, cuya tramitación se inicia ahora, pretende
abordar el desarrollo de las funciones relacionadas con la asistencia jurídica
de la Administración autonómica. Estas funciones tienen carácter consultivo, de
asesoramiento jurídico interno y contenciosas, es decir, de representación y
defensa en los juicios. También se plantea una estructura y organización más
adecuada de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, que posibilite actuar con
mayor flexibilidad en el desarrollo de las funciones y cometidos asignados a
los miembros que integran el Cuerpo autonómico de Letrados.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago,
ha declarado que “la profesionalidad de los empleados públicos que integran los
Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León ha llevado a este
departamento a ser una referencia para el resto de las comunidades autónomas.
Su trabajo, no siempre visible, garantiza que todas las actuaciones que
desarrolla esta Administración estén perfectamente ajustadas a derecho, lo cual
genera confianza en los ciudadanos y estabilidad en la esfera pública”.

Esta normativa reguladora ha ido experimentando sucesivas
modificaciones y ampliaciones. Así, si antes la asistencia jurídica se
circunscribía al ámbito de la Administración general y de la institucional,
actualmente se extiende a otros entes del Sector Público de la Comunidad, como
los entes públicos de derecho privado o las fundaciones públicas.

Además, se posibilita que esta asistencia jurídica pueda
llegar al personal al servicio de la propia Administración, y a mujeres
víctimas de maltrato. Incluso, mediante la firma del correspondiente convenio,
podría extenderse a las entidades locales castellanas y leonesas, y a las
instituciones propias de la Comunidad previstas en el Estatuto de Autonomía.

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