Que a nadie le extrañe observar por su ciudad a varias personas, incluido un policía local, alrededor de un excremento de un perro abandonado en la calle tomando una muestra con un bastoncito. Algún ciudadano no lo ha recogido y se va a realizar un análisis de ADN para intentar localizar al infractor. En Málaga, con casi 600.000 habitantes y 59.000 perros, se utiliza este sistema desde 2017 para acabar con las cacas abandonadas. No es el único método. El Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid), de 25.000 habitantes y 7.000 perros, ha anunciado la creación de una plaza de agente medioambiental para vigilar a estos infractores, entre otras funciones. Brunete, otro pueblo madrileño, llegó a devolver hace años las heces de sus perros a los vecinos. Un operario municipal llamaba a su puerta y les entregaba amablemente un paquete. Dentro se encontraba el regalo. La lucha contra los excrementos de los canes en las calles y parques de las ciudades se está sofisticando, y las multas crecen hasta los 3.000 euros.
La lucha de las ciudades contra las cacas de perro: análisis de ADN y agentes especializados
