La Mesa de las Cortes de Castilla y León, con el voto de
calidad de su presidente, Carlos Pollán, acordó limitar el régimen de
dedicación exclusiva al procurador por Valladolid Francisco Igea (Grupo Mixto),
en una propuesta de Vox que contó con la abstención del PP y el rechazo del
PSOE, mientras que el afectado avanzó que presentará recursos ante la Cámara
pero también en el Juzgado.
El portavoz parlamentario de Vox, Carlos Menéndez, que había
presentado un escrito para que Igea, al que su grupo califica de “tránsfuga” y
de “corrupción política” por mantener el escaño, no pueda acceder a la
dedicación exclusiva del Grupo Mixto, que hasta ahora ha rotado con Pablo
Fernández (Podemos), afirmó que el informe jurídico lo avala en base a
jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Para Francisco Igea, se trata de una “vendetta personal
encargada” por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a Vox como
“pago” a la aprobación de la ley de Concordia, aseveración que compartieron los
portavoces de la oposición, pero que rechazó de plano el ‘popular’ Miguel Ángel
García Nieto.
“Puedo ser un pitoniso, pero no un tránsfuga”, argumentó
Igea en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que analizó la
propuesta de Vox, su escrito en contra, que fue rechazo por la Mesa, y las
consecuencias de este acuerdo, que va a llevar a los tribunales al considerar
que se vulnera su derecho de participación y de representación de los
ciudadanos que le eligieron.
Igea asentó la decisión de que no pueda acceder al régimen
de dedicación exclusiva a que con anterioridad no saliera adelante la propuesta
de PP y Vox de declararle procurador no adscrito, dado que ningún miembro del
Mixto puede pasar a tener esa consideración conforme al Reglamento.
En este sentido, recalcó que se trata de una
“arbitrariedad”, criticó al presidente de las Cortes y rechazó que él sea un
tránsfuga porque no ha cambiado de partido ni incumple el programa por el que
fue elegido, al contrario acusó de ello al PP por el “fichaje” de procuradores
de Ciudadanos y de haberles ofrecido cargos.
El portavoz de Vox rechazó que la decisión sea arbitraria y
apeló al informe jurídico, no centrado en el pacto antitransfuguismo, sino en
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional cuando señala que “los derechos
económicos de los procuradores” no afectan a las funciones propias como
parlamentarios, a lo que añadió que 56 de los 81 procuradores ejercen su labor
sin dedicación exclusiva.
Por su parte, García Nieto argumentó la abstención de su
grupo en la Mesa en el respeto a la ley y a un informe que calificó de
correcto, sobre el que manifestó que no se cercenan los derechos parlamentarios
de Francisco Igea. “Como puede pensar alguien que sea así”, respondió a la
pregunta de si es una “vendetta” del PP.
“Se ha metido en un lío jurídico”, manifestó el socialista
Luis Tudanca, ante las acciones avanzadas por Igea, a la que vez que apeló a la
dignidad de los procuradores y a sus derechos parlamentarios, como afirmó que
ya hicieron cuando María Montero dejó Ciudadanos y pasó a ser procuradora no
adscrita.
Según Tudanca, “no es la primera vez que el PP utiliza todas
las armas para dificultar que los representantes de los ciudadanos hagan una
función”, para considerar que “está enfocado en una vendetta política y Vox
hace de tonto útil del PP”.
Además, censuró que Vox y PP hablen de “corrupción y
transfuguismo cuando la mitad de procuradores de Ciudadanos” han pasado a las
filas populares con cargos. “Eso es corrupción, ya está bien”, apostilló, para
criticar que Vox no denuncie corrupción en casos como la ‘Perla Negra’.
Contrarios a la propuesta de Vox, se manifestaron el
leonesista Luis Mariano Santos y el sorianista Ángel Ceña, ya que el primero
expresó dudas en relación al informe jurídico por el que la Mesa con el voto de
Pollán tomó la decisión y el segundo criticó que se cambie “una norma solo para
perjudicar a algunos por una vendetta personal”.
Luis Mariano Santos pidió “mesura y reflexión” sobre la
decisión adoptada y criticó “el doble rasero” en la calificación de tránsfuga,
donde se refirió a la “compra” de dos ediles del PSOE por el PP en los
municipios leoneses de Encinero y Villamañán.
Proposiciones
Por otra parte, el Grupo Socialista lleva al próximo pleno de las Cortes,
previsto para el 9 y 10 de febrero, una proposición no de ley de condena
expresa del golpe de estado de 1936 y de la posterior dictadura franquista,
además de solicitar la solidaridad y reconocimiento a las víctimas de la Guerra
Civil y el apoyo a las familias para su restitución.
La iniciativa socialista se presenta después de que PP y Vox
hayan impulsado la proposición de ley de Concordia de Castilla y León, en la
que no figura una condena de la dictadura franquista, cuyo texto, en opinión de
la oposición, rompe con el consenso del decreto de 2018 aprobado por el último
Gobierno autonómico de Juan Vicente Herrera.
“El PSOE no se va a rendir, y pararemos la ley de la
discordia”, advirtió el portavoz socialista, Luis Tudanca, en declaraciones
posteriores a la Junta de Portavoces que ordenó el contenido del debate del
próximo pleno de las Cortes.” O se aprieta el botón verde de la democracia o el
rojo del franquismo”, señaló a los procuradores del PP.
Tudanca censuró que el presidente de la Junta, Alfonso
Fernández Mañueco, a preguntas de los periodistas ayer en Madrid, expresara la
condena a la dictadura franquista porque lo dice la RAE y no por lo que supuso
ese periodo en la historia de España.
Así, manifestó que van a “parar” esa norma por las vías que
sea, como acudir al Tribunal Constitucional, al Parlamento Europeo con
iniciativas y a la ONU que envió un relator a España para reforzar los
principios y valores de la memoria democrática. Precisamente, el Gobierno
anunció hoy que recurrirá ante instituciones europeas e internacionales las
leyes que se aprueben por las comunidades del PP y Vox, entre ellas Castilla y
León, por entender que son contrarias a la Ley de Memoria Democrática.
Soterramiento y financiación
Por su parte, el popular Miguel Ángel García Nieto argumentó
que la norma impulsada por su grupo y Vox es una adaptación de la ley estatal y
cumple con la Constitución, y rechazó “lecciones de democracia”, a la vez que
advirtió de que se anuncien acciones a un texto que todavía no se ha tomado en
consideración.
En el orden del día del pleno, como desgranaron los
distintos portavoces, el Grupo Popular presenta dos proposiciones no de ley en
las que se insta a la mejora de las condiciones de los miembros de la Policía
Nacional y Guardia Civil y al rechazo de una “financiación singular” para
Cataluña. La PNL de Vox se orienta a los soterramientos de Valladolid, Palencia
y San Andrés del Rabanedo.
Por su parte, Francisco Igea (Grupo Mixto) defenderá una
moción de 24 puntos en relación con la sanidad pública y Soria Ya pedirá, en
una interpelación, que se implementen las medidas para el fomento de la
natalidad ante lo que calificó de “pésimas políticas” que han llevado a
una perdida del 13 por ciento en Castilla y León y del 15 por ciento en Soria
desde el año 2019.
