El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha dado un varapalo a España por mantener matriculados a miles de alumnos en los centros de educación especial, una práctica que el organismo “deplora” y considera “segregadora”. El comité reconoce en su informe algún avance, como que la actual ley educativa, la Lomloe, establezca que en 10 años la escuela ordinaria debe disponer de los medios necesarios para atenderlos y cumplir con lo previsto en la convención internacional, es decir, garantizar su inclusión en las aulas ordinarias. Los últimos datos oficiales muestran, sin embargo, que, desde la aprobación de la Lomloe, en el curso 2020-2021, el número de estudiantes en los centros especiales y en las aulas específicas dentro de las escuelas comunes ―rechazadas también por la ONU al considerar que separan a los niños― no se ha reducido, sino que ha aumentado en 2.614, hasta un total de 41.521. Se mantiene así una tendencia que viene de atrás: hace 10 años, el número de estudiantes en esta red escolar paralela era de 33.022, lo que significa que se ha incrementado en 8.499 alumnos.
Los niños que van a centros de educación especial siguen aumentando: “Se sigue derivando a alumnos contra el criterio de sus padres”
