La reforma laboral aprobada por Yolanda Díaz ha producido que la ratio de temporalidad se haya «reducido con intensidad», con un «ligero aumento» de la estabilidad laboral por el repunte «significativo» de los contratos fijos en relación con los contratos temporales pero, a la vez, ha elevado la «inestabilidad laboral» en los contratos indefinidos de nueva creación por culpa de que los contratos fijos discontinuos, que se han triplicado, y porque la duración de los indefinidos se ha desplomado.
Así lo constata el Banco de España en el capítulo 3 de su último «Informe anual», que analiza el empleo durante el último ejercicio. La institución explica que desde la aprobación de la reforma laboral la ratio de temporalidad de la economía española «se ha reducido con intensidad» en el sector privado, hasta alcanzar el 16,5%, pero no en el público, en el que la tasa de temporalidad se ha mantenido cercana al 30%.
Pero es en la contratación donde el Banco de España ve las mayores sombras, ya que «la supervivencia de los contratos indefinidos –sin incluir los contratos fijos-discontinuos–, se ha deteriorado tras la reforma, ya que únicamente el 48% de las relaciones laborales iniciadas con un contrato indefinido –con base en marzo de 2022– permanecían vivas un año después, 4,5 puntos menos que en el promedio de los contratos firmados en los meses de marzo de 2017 y de 2018.
De este modo, pese a que la tasa de temporalidad ha avanzado en convergencia con la de la UE y que los flujos de salida al desempleo hayan disminuido desde el 3,3% del empleo en los tres primeros trimestres de 2019 hasta el 2,8% en el mismo periodo de 2023, este porcentaje aún se mantiene «sensiblemente por encima del observado en el conjunto de la UE», situado en el 1,2%. Por tanto, cree que todavía existe mucho «margen para aumentar la estabilidad del empleo». En su análisis, determina que solo un 16,1% de las relaciones laborales siguen vivas un año después, porcentaje que solo es 1,2 puntos superior al observado en los contratos firmados en 2021 –un 14,9%–.
En su informe, el supervisor también alerta de que la normativa actual de la jubilación activa «limita su uso» y plantea «acceder a ella antes de alcanzar la edad de jubilación legal ordinaria» o que se «actualice la pensión al finalizar el periodo de compatibilidad».
También critican que la reforma laboral no ha resuelto el impacto que los cambios demográficos van a tener en el empleo en el corto plazo, tanto para los jóvenes como para los trabajadores de más de 50 años en situación de desempleo y para los parados de larga duración. Por ello, reclama fórmulas «más flexibles» para la contratación –sobre todo para los de mayor edad–, como un plan de «recolocaciones, reconversiones y formación profesional incentivadas», la «eliminación de salidas forzosas» del empleo o una jubilación activa con «mayores incentivos a compatibilizar pensión y salario».
Asimismo, la institución reclama una «revisión exhaustiva» de las políticas de empleo –tanto activas como pasivas– ante una tasa de paro «persistentemente más elevada». Para ello aboga por «incrementar los incentivos para el retorno al empleo de los parados», así como introducir cambios en la duración de las prestaciones y subsidios por desempleo, «condicionándolos al ciclo económico», con «sendas decrecientes» en sus cuantías, «sin reducir los niveles de protección ‘ex ante’» para favorecer la búsqueda de empleo.
