El Gobierno catalán busca fórmulas a contrarreloj para que la extrema sequía que atraviesa desde hace tres años Cataluña no deje sin piscinas de uso público a las personas que no pueden permitirse ir a la playa o utilizar instalaciones privadas en caso de altas temperaturas. Con los embalses al 18% de su capacidad, la regulación vigente en buena parte del territorio impide llenar las piscinas y las excepciones que se prevén no son del agrado de los alcaldes. La polémica, que lleva semanas arrastrándose, estalló de nuevo ayer con el anuncio de la Generalitat de incluir dentro del concepto “refugio climático” determinadas instalaciones. Se trata de piscinas privadas que, al permitir el acceso al público general, quedarían fuera de la prohibición. Los alcaldes están divididos sobre el alcance de la medida y una buena parte lamenta que tendrán que ser ellos los encargados de catalogar estas instalaciones, velar por su buen funcionamiento y asumir el malestar que genere la gestión de la elección sobre qué pisicina recibe la prerrogativa.
La obligación de controlar las piscinas privadas por la sequía enfrenta al Govern y los alcaldes catalanes
