El grupo del Partido Popular (PP) en el Senado ha utilizado su mayoría absoluta para asegurar este miércoles que se tome en consideración la proposición de ley que dota a los funcionarios de prisiones de la consideración de agentes de autoridad.
Así, la histórica reivindicación de los trabajadores de las cárcel comienza así a ser tramitada por la Cámara alta después de que la propuesta llevada a pleno por los populares haya sido también apoyada por todas las formaciones menos EH Bildu.
El próximo destino del proyecto de medida pasa ahora a manos del Congreso de los Diputados, que tendrá que decidir cuándo continuará su tramitación legislativa. Consistiría en una modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria para fijar que el cuerpo funcionarial de Instituciones Penitenciarias, cuando ejercen su labor diaria en las prisiones, ostentan “a todos los efectos legales” la condición de autoridad.
El PSOE, por su lado, ya llevó la pasada semana otra proposición de ley en este sentido a la Cámara baja, que tendrá que ser votada por el hemiciclo, aunque previsiblemente recibirá el ‘sí’ de la mayoría de partidos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su parte, estableció durante una de sus últimas comparecencias parlamentarias el satisfacer cuanto antes la petición de los funcionarios que relacionan ser considerados legalmente autoridad con una mayor seguridad jurídica en su labor diaria y protección de su integridad física.
En los dos últimos años las agresiones sufridas a manos de reos no han parado de crecer de forma escandalosa. En 2022 hubo 450 agresiones a funcionarios y a lo largo del último año fueron 508. Si se comparan ambas cifras con las registradas en 2020 o 2021, cuando no llegaban a las 200, se concluye que los episodios de violencia contra los funcionarios por presos se han triplicado.
En 2022 ya había llegado a la Cámara baja tomar en consideración una proposición de ley my similar para dotar “a efectos legales” de este carácter a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias. Nunca llegó a ser debatida en el Senado y, con ello, su tramitación decayó por la disolución de las Cortes por el advenimiento de las últimas elecciones generales.
