Los gobiernos de la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana, Andalucía y Madrid han presentado este martes ante la Junta de Explotación del Trasvase Tajo-Segura alegaciones ante la próxima modificación de sus reglas de explotación, según han confirmado los presidentes de los gobiernos murciano y valenciano, Fernando López Miras y Carlos Mazón, respectivamente.
López Miras dio a conocer esta decisión durante el acto con motivo del 45º aniversario del trasvase Tajo-Segura, organizado por el Sindicato Central de Regantes (Scrats), y al que también asistió el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Para el máximo responsable de la Región de Murcia, “es un hito que, por primera vez, cuatro autonomías presenten unidas estas alegaciones, y lo hacemos con el fin de que predominen los criterios técnicos y científicos a la hora de establecer esas reglas de explotación”, recalcó.
El plazo para presentar las alegaciones a la revisión de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura finalizaba el próximo 2 de mayo, pero el Gobierno regional ya las ha enviado, y su propuesta ha sido refrendada también por los ejecutivos autonómicos de Andalucía, Madrid y Valencia.
Estas cuatro autonomías “representan a más de 23 millones de españoles, es decir, casi a la mitad del país”, recordó López Miras, quien puso en valor la importancia del Tajo-Segura para todo el país, y no sólo para el Levante.
Así, afirmó que “estos 45 años del trasvase son 45 años de éxito”, ya que “gracias al principio de solidaridad que supone esta infraestructura, los regantes han podido generar empleo, traer riqueza a nuestro país y alimentar a medio mundo”.
Además, López Miras se reafirmó en que “en España hay agua suficiente para todos, pero no hay un plan nacional, no hay voluntad de llegar a un consenso de país sobre el agua, y eso se debe a que el Gobierno central no está en lo importante”.
En cuanto a las amenazas que se ciernen sobre el futuro del trasvase, López Miras reivindicó el mantenimiento de esta infraestructura “vital para millones de españoles” y pidió al Gobierno de España “que no actúe de manera sectaria, ideológica y partidista” al promover el recorte de los caudales de agua.
Paso histórico
Por su parte, el presidente del Consell, Carlos Mazón, ha calificado esta alianza “como un paso histórico” y ha señalado este frente común “a favor del rigor y de la objetividad y en contra de los criterios políticos” que han generado “recortes injustificados al trasvase Tajo-Segura por no tener unas reglas de explotación técnicas y serias”.
Mazón ha puesto en valor la historia, el diálogo y la labor realizada por los regantes, a los que ha calificado como “mosqueteros de la justicia hídrica en España”.
Así, ha hecho referencia a “la tradición milenaria” del Tribunal de las Aguas en Valencia por “resolver los problemas del agua hablando, a través de un método de arbitraje pacífico”.
Igualmente, se ha mostrado orgulloso de representar a una tierra que “ha demostrado la solidaridad antes de reclamarla” y de estar poniendo en marcha “después de 20 años” el trasvase Júcar-Vinalopó entre provincias dentro de una misma Comunidad “con un esfuerzo extraordinario de generosidad, de vertebración y de rigor”.
Del mismo modo, ha destacado el ejemplo “en toda Europa” en el uso responsable del agua de la Comunitat Valenciana, Murcia y Almería y ha reiterado “la autoridad moral” de estos territorios para reclamar el agua que necesitan sus tierras.
Por ello, ha señalado la efeméride del 45 aniversario del trasvase Tajo-Segura como una fecha “para el compromiso y la acción coordinada para no ser la generación que vea morir el trasvase” y ha recalcado que “hay mucho que hacer”. Igualmente, ha lamentado el tiempo en el que la Región de Murcia “estaba sola incomprensiblemente” en materia hídrica.
Por su parte, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, acusó al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de abrir una campaña y “achuchar” al Ministerio para la Transición Ecológica para aprobar la modificación de las reglas de explotación “a su conveniencia”.
Alegaciones presentadas
En las alegaciones presentadas se detalla que cualquier modificación de las reglas de explotación no puede basarse en los caudales ecológicos fijados en el Plan de Cuenca del río Tajo. El Gobierno regional defiende que esos caudales ecológicos se fijaron sin criterio científico, y así se detalló en la demanda que presentó en el Tribunal Supremo. Por eso ahora se reclama que en esta revisión se tengan en cuenta criterios objetivos.
El documento presentado ante el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico también expone que en ninguna de las cinco sentencias del Tribunal Supremo, incluidas en la información publicada por el Ministerio para la modificación de las reglas, se determina el caudal concreto que se debe fijar. Por ello deberían quedar fuera de los argumentos para esta actualización.
Además, en las alegaciones pactadas por las cuatro comunidades también se explica que cuando los embalses de la cabecera del Tajo se encuentren en Nivel 3, la toma de decisiones sobre los trasvases a autorizar tiene que estar basada en criterios objetivos. Por ello, se pide incorporar el procedimiento denominado ‘regla del tercio’, en el que se tienen en cuenta los recursos disponibles en ese momento y la previsión de los dos siguientes meses.
