A sabiendas de que no iba a lograr el consenso al que aspiraba en la aprobación del Plan Integral para la Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 por parte de las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad tomo ayer una decisión insólita.
Después de reunir a la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y hacerles partícipes de que iba a incluir alrededor de 150 de las propuestas enviadas por los ejecutivos regionales, les ha emplazado a votar mañana “en diferido”, antes del mediodía, a través de un sistema que les será explicado en un correo electrónico que recibirán mañana por la mañana. Un movimiento inesperado y sin precedentes, ya que el Ministerio nunca antes había utilizado un procedimiento similar.
Pero esta no ha sido la única sorpresa. El departamento que dirige Mónica García también ha innovado en el formato para tratar de alcanzar un acuerdo con “amplio consenso”, tal y como había manifestado que deseaba desde que sacó el Plan “del cajón”.
De este modo, la Dirección General de Salud Pública ha propuesto a las comunidades autónomas la aprobación del documento a través de un “acuerdo de colaboración” al que los ejecutivos autonómicos se puede adherir (o no), especificando sus líneas rojas. Una fórmula que, tal y como sostiene Sanidad, “contempla el Reglamento del CISNS”.
La directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, ha mostrado su asombro ante el nuevo procedimiento y ha destacado que “para avanzar en lo que todos estamos de acuerdo, una sociedad libre de tabaco, sería más operativo, modificar el nombre del plan y sustituirlo por hoja de ruta y, año a año, ir avanzando en acciones concretas con una votación presupuestaria específica”. En su opinión, “esto implicaría un verdadero compromiso político y, además, se podría hacer un seguimiento de los resultados”.Sin embargo, a su juicio, “es muy posible que todo quede en una declaración de intenciones”.
Filtración inadmisible
Antes de que diera comienzo la Comisión, la ministra concedió una entrevista a TVE en la que avanzó las claves del proyecto. Entre otros aspectos, desveló algunas de las propuestas que no se habían incluido, como que la ampliación de los espacios sin humo al aire libre que prevé el PIT fuera “de adhesión voluntaria” por parte de las CC. AA. Sobre aquellos que han generado más polémica, las terrazas, defendió que en ellas “se respira en un 94% residuos de nicotina y tóxicos” y que son lugares en los que la evidencia científica ha corroborado que se consume “humo de segunda mano” perjudicial para la salud, aunque puntualizó que su delimitación es algo que «se tiene que derivar en las diferentes leyes», y no en el Plan.
No se pronunció sin embargo sobre un tema que preocupa a muchas comunidades: cómo se va a controlar la prohibición en espacios privados (como vehículos particulares cuando viajen niños o embarazadas), sin que se invadan libertades individuales.
El hecho de que García haya desvelado estas y otras medidas a un medio de comunicación antes de hacerlas públicas en la Comisión, ha sido criticado por regiones como Madrid y Andalucía. “No es admisible la filtración desde el Ministerio de Sanidad de las propuestas de las comunidades autónomas para el plan antitabaco, sin que hayan sido presentadas en la Comisión de Salud Pública”, ha destacado Andrades.
La intención del Ministerio, sea cual sea el resultado de lo que se vote mañana, es dar luz verde al Plan este viernes en el pleno del CISNS.
