La semana pasada la unidad de acción de las organizaciones agrarias se rompió. UPA firmó el plan de 43 medidas de ayuda al sector agrario, un respaldo que también llegó por parte de Unión de Uniones, asociación agraria que había sido excluida de las negociaciones. En en lado del no, se situaron Asaja y COAG que consideraron el paquete de medidas como “insuficiente” y carente de concreción. El cisma también provocó una “pérdida de confianza” sobre el ministro de Agricultura, Luis Planas, al “no respetar” los procesos de toma de decisión de cada organización, argumentó COAG. Una semana después, UPA, uno de los tres pilares de las negociaciones con el Gobierno (comité asesor agrario) para resolver la crisis del campo, explica por qué se desmarcó de Asaja y COAG, también miembros del comité, y tomó la decisión de ser la primera gran asociación en firman el plan.
Para UPA, el documento recoge el 90% de sus reivindicaciones. “No puedo negarme a firmar un documento” que incluye “el 90%” de las propuestas y que, “si no sale adelante (…) la mayoría de los temas que recoge se pueden caer”, ha defendido el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, en una entrevista con EFE. Son avances, dice, conseguidos gracias a las tractoradas y por ello, una vez alcanzados, “lo suyo” es que cesen; si bien, ha incidido en que pueden seguir celebrando protestas en cualquiera de los sectores agrícolas y ganaderos en función de necesidades particulares porque UPA está “en movilización permanente”.
Sobre la diferencia de posturas con Asaja y COAG, UPA niega haber roto la “unidad de acción” y, de hecho, cree que se mantiene “absolutamente leal”. No obstante, Ramos no era partidario de “tener a un ministro de Agricultura corriendo detrás de las organizaciones agrarias para firmar un documento de medidas que es bueno para el campo”.
Ramos ha reconocido que haber firmado este plan, sin la rúbrica de Asaja y COAG, “conlleva una responsabilidad muy importante” y por eso comenzarán una ronda de reuniones por sus delegaciones territoriales para explicarlo. “Lo que vamos a hacer ahora es pedagogía y desmenuzar las 43 medidas porque hace falta”, ha advertido. UPA está “convencida de que esto es muy bueno y ahora tenemos que quitarnos cualquier tipo de complejo”.
Entre las 43 medidas destacan la puesta en marcha de créditos ICO por valor de 700 millones de euros, de los cuales 200 millones de euros irán destinadas para los jóvenes agricultores y el relevo generacional del sector y los 500 millones restantes para agricultores y ganaderos; reforzar la Agencia de Información y Control Alimentaria (AICA), que pasará a ser una agencia estatal; mantener el tipo reducido para los hidrocarburos de uso agrícola, además de la deducción en el IRPF del 35% en los carburantes y combustibles y del 15% en los fertilizantes; establecer una reducción del 15% en el rendimiento neto para la declaración de la renta por el sistema de módulos y adaptar el cómputo de los ingresos para la aplicación del límite máximo de tributación por este sistema; y crear un grupo de trabajo para evaluar las exportaciones e importaciones, entre otras medidas.
Además, se eximen de controles a las explotaciones de menos de 10 hectáreas de superficie, lo que beneficia a unos 345.000 agricultores, se adoptan medidas para incentivar la aplicación del cuaderno digital de explotación, que pasa a tener carácter voluntario y se propone a la Comisión Europea la eliminación de la obligatoriedad de presentar fotos georreferenciadas con las solicitudes de ayuda para demostrar el estado de los cultivos.
UPA valora especialmente la flexibilización de la Política Agrícola Común (PAC) hasta el punto de que Ramos cree que supone volver “a la PAC anterior”, que contenía menos exigencias medioambientales, así como que el plan permita a las propias organizaciones agrarias realizar las denuncias cuando vean que no se cumple la Ley de la cadena alimentaria.
Los motivos de COAG y Asaja para negarse a firmar
COAG reconoce “avances” en las medidas presentadas, sobre todo en lo que se refiere a la flexibilidad y eliminación de las cargas burocráticas de la PAC, pero cree que hay varios apartados que requieren una “mayor concreción”. En ganadería se ha obviado “completamente” la posibilidad que el lobo pueda salir del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), y en el resto de cuestiones, aunque hay avances, se mantienen exigencias por encima incluso de lo que plantea la UE en temas como el veterinario de explotación y el plan sanitario integral de explotación.
En cuanto al comercio, COAG indica que el Observatorio sobre Importaciones y Exportaciones carece de los instrumentos necesarios para evitar que las importaciones de choque que entran coincidiendo con el inicio de las campañas nacionales hundan las cotizaciones en régimen de competencia desleal.
En el bloque de los seguros agrarios, la organización señala que no hay presupuesto concreto a mayores para poder desarrollar de forma seria las medidas que se proponen para adaptar el sistema a la realidad de las distintas producciones agrarias ante los efectos del cambio climático y garantizar así la viabilidad del mismo.
Mientras que en el capítulo de medidas de apoyo y financiación, las condiciones de los préstamos bonificados para jóvenes no se hacen extensible al conjunto de los agricultores y ganaderos profesionales, al tiempo que no se incorporan las medidas que trasladaron como poner a disposición líneas de financiación bonificadas para 2024 para los sectores y territorios más afectados por la sequía, aumento de costes o crisis de precios
Asaja, por su parte, considera que el documento no incluye medidas claras para rebajar los costes de producción, medidas que son competencia de otros ministerios como son las bonificaciones en materia de Seguridad Social para hacer frente a las subidas reiteradas del SMI (Ministerio de Seguridad Social); la adaptación de los contratos de 90 días de la reforma laboral para las campañas agrarias (Ministerio de Trabajo); el incremento de los gastos de difícil justificación y revisión de las amortizaciones para los agricultores y ganaderos en el régimen de estimación directa del IRPF (Ministerio de Hacienda) y la aplicación de la doble tarifa eléctrica, con carácter estructural (Ministerio de Transición Ecológica).
La ganadería es, en opinión de Asaja, “la gran olvidada del documento de propuestas del ministerio de Agricultura”. En esta materia, la organización considera que se “requiere un plan específico para afrontar la crisis que soporta que incluya un Plan Integral de Sanidad Animal; modificar el número de inspecciones ganaderas; acabar con la burocracia y los trámites administrativos; la disminución de la carga ganadera (PAC); la paralización de la normativa europea de bienestar animal y la salida del lobo del Lespre.
Entre las medidas propuestas Asaja también echa en falta soluciones a tres problemas estructurales que aquejan al sector agrario: la falta de vertebración del valioso recurso del agua; una revisión, en profundidad, del actual sistema de seguros agrarios para atender la siniestralidad extraordinaria provocada por el cambio climático y medidas efectivas para incorporar jóvenes al campo.
