Era una sanción anunciada, pero la Mesa de la Asamblea de Madrid lo ha ratificado hoy. La portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rocío Monasterio, se quedará sin la remuneración equivalente a quince días de sueldo al considerarla responsable de «una irregularidad en la votación de la enmienda a la totalidad del Grupo Más Madrid a la Ley sobre Economía Circular en el Pleno del pasado 1 de febrero».
En concreto, el expediente considera que la diputada ejecutó un doble voto en esa sesión, no sólo desde su escaño, sino también desde el contiguo al suyo, que se encontraba vacío después de que su portavoz adjunto, José Luis Ruiz Bartolomé, hubiera abandonado el grupo parlamentario para retomar su actividad en la empresa privada.
La Mesa de la Cámara considera que «se ha vulnerado el principio de personalidad del voto y su carácter indelegable, alterando con ello, de forma consciente e intencionada, el orden las votaciones en la sesión plenaria del 1 de febrero, influyendo en la manifestación de la voluntad de la Asamblea». Tal y como informó en un comunicado, la Mesa considera que ha cometido una infracción tipificada en el artículo 33.3 del Reglamento de la Cámara, que se refiere a «atentar contra la dignidad de la Asamblea o contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria, provocando, en este último supuesto, desorden de su conducta, de obra o de palabra, en los términos previstos en el artículo 138 de este reglamento».
La Mesa, no obstante, puntualiza que la suspensión es la mínima y se fija «solo» en 15 días naturales y no se extiende a otros derechos de la diputada, puesto que «se aprecia que la conducta de la diputada de Vox no es reiterada, ni hay antecedentes en su actitud, y no influyó en la aprobación o no de la enmienda a la totalidad de Más Madrid». Monasterio ahora podrá presentar un recurso de reconsideración del acuerdo en el plazo de los quince días siguientes a su notificación, cosa que el grupo parlamentario ya ha dicho que hará. En ese caso, la ejecución de la sanción quedará en suspenso hasta que la Mesa de la Asamblea resuelva sobre la reconsideración.
Vox, sin embargo, ha mostrado su malestar con la sanción «injusta» que responde a «una cacería a Rocío Monasterio por parte de Díaz Ayuso quien, saltándose la separación de poderes, dio instrucción al presidente de la Cámara para sancionarla». Su portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna, no ocultó su indignación con la sanción «porque nos parece profundamente injusta y arbitraria. No se puede sancionar por algo que es un imposible jurídico y fáctico. ¿Cómo vas a suplantar la personalidad de un diputado que hacía varios días que había renunciado a su escaño. Ese escaño debía estar desactivado». En realidad, cree que «ha habido una concatenación de errores por parte todos, pero solo se sanciona a la señora Monasterio y a Vox». Henríquez de Luna detalló que él se sentó en ese escaño al principio de la sesión plenaria para no dejarlo vacío y acompañar a Monasterio en el Pleno pero, «por error, activé la presencia en el escaño». Sin embargo, «pasaron siete horas sin que los servicios de la Cámara alertaran de la circunstancia (… ) El presidente de la Mesa y el de la Asamblea se ha extralimitado», dijo molesto.
Si después de recurrirla, la sanción se acaba ratificando, Henríquez de Luna ha anunciado que valorarán pedir la dimisión del presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, «porque nos parece que no está representando a la institución, no está defendiendo la independencia del Parlamento frente al Gobierno y que se está comportando como un títere de la señora Ayuso, que fue la que desde el minuto uno ordenó que se sancionara a nuestra portavoz. Todo es una cortina de humo para tapar los problemas que el PP y la señora Ayuso está teniendo en estos momentos y nosotros nos negamos a que se nos utilice. No se puede sancionar por un error involuntario que no ha tenido consecuencias y no se puede suplantar la personalidad de quien ya no era diputado». Así, no descarta recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. «Vamos a estudiar todas las acciones legales por que el PP nos está atacando injustamente», sentenció.
De paso apuntó que se han cometido «muchas irregularidades» en la tramitación del documento.
El Grupo Popular, sin embargo, considera que “ha quedado acreditado el voto fraudulento” de Monasterio, aunque considera que la sanción “es mínima”. Su portavoz, Carlos Díaz Pache, no teme que los de Monasterio acudan al Tribunal Constitucional para pedir amparo. “Está en su derecho”, dijo. Pero también advirtió que “hay otros precedentes en otras Cámaras donde el Tribunal Constitucional ya ha avalado sanciones más duras por hechos muy parecidos”.
