El Gobierno, como hace todos los años, ha desgranado este martes su plan normativo para este 2024, un documento que recoge las 198 iniciativas que tiene previsto aprobar Moncloa en los próximos nueve meses. De las casi 200 normativas que aparecen, hay 43 leyes ordinarias y seis leyes orgánicas, además de 149 reales decretos legislativos, que tienen rango reglamentario y, por tanto, no deben pasar por el Congreso. En este sentido, Félix Bolaños, ministro responsable de las relaciones con las Cortes, ha expuesto que prácticamente la mitad de las normas sirven para cumplir con las exigencias de Bruselas, pero también hay algunas que pueden albergar mucha polémica: en concreto, la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim), que busca sustituir a la actual de 1882 y que el Gobierno quiere acelerar en un momento de cesiones a los independentistas en el ámbito judicial con la amnistía por medio. Además, también hay una ausencia: la ley de secretos oficiales, que sí presentó en la pasada legislatura y ahora ha quedado borrada para trabajar sobre la que ha presentado el PNV en el Congreso.
Bolaños ha evitado precisar si la nueva Lecrim va a incluir una de las propuestas que hizo Pedro Sánchez para aplicar la amnistía: la reducción de los plazos de instrucción judicial, un planteamiento que buscaba cerrar las investigaciones en un tiempo determinado y así evitar que los jueces puedan imputar delitos a los independentistas que no estén incluidos en la medida de gracia. El ministro no se ha querido pronunciar sobre ese tema, muy polémico (y una contradicción para el PSOE, que se oponía a limitar los plazos de instrucción cuando se investigaban casos de corrupción del PP), y se ha limitado a decir que el proyecto legislativo se encuentra en una “fase muy inicial de trabajo”. “Está en el trámite preceptivo del Consejo General del Poder Judicial”, ha señalado, antes de criticar que el CGPJ lleve ya tres años “sin emitir el informe cuando el plazo legal es un mes”, mientras ha insinuado que sí meten prisa para informar sobre la amnistía. “Una vez que conozcamos la opinión del CGPJ, volveremos a analizar norma y tomaremos decisiones”, ha detallado, asegurando que el borrador que está en manos del CGPJ es el que se tramitará en el Congreso.
El ministro ha reconocido que la ley de secretos oficiales no está incluida porque el PNV ha registrado en el Congreso una proposición de ley y van a “trabajar con esa norma”. Si bien, cabe recordar que hay diferencias sustanciales de tiempo entre el proyecto de ley que presentó el Gobierno en la pasada legislatura y el del PNV porque los nacionalistas vascos quieren que se pueda desclasificar documentos secretos o reservados en un menor plazo.
Bolaños también ha confirmado que el Gobierno ha tramitado un recurso ante el Tribunal Constitucional para suspender la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se ha admitido a trámite en el Parlamento para declarar la independencia. “Es absolutamente coherente con la política que llevamos a cabo. Este recurso protege la Constitución en nuestro marco de diálogo y convivencia”, ha afirmado Bolaños, quien ha asegurado que el recurso “protege el diálogo y los acuerdos”. “Queremos que Cataluña forme parte y sea parte esencial de España y la Unión Europea”, ha añadido.
