El fiscal general del Estado ha salido en defensa del fiscal que investiga por un supuesto fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras las críticas por detallar en un comunicado las negociaciones para alcanzar un posible acuerdo de conformidad. En una declaración institucional, Álvaro García Ortiz ha advertido de que no va a “tolerar” que ningún fiscal “tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento trasparente de nuestra institución”.
Tras asumir “la responsabilidad última” de ese polémico comunicado, que según ha explicado contó con su visto bueno, ha insistido en avalar el trabajo de la Fiscalía de Madrid. “No pienso consentir que la fiscal jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva”, ha dejado claro.
El fiscal general ha mostrado su “respaldo” a los fiscales de Madrid, que -ha recalcado- “no han hecho sino cumplir un deber de informar verazmente a la ciudadanía con absoluta transparencia, prudencia y dentro de los márgenes y límites que marca nuestro ordenamiento jurídico” y la instrucción al respecto de la Fiscalía General del Estado.
García Ortiz ha hecho hincapié en que la Fiscalía actúa “con absoluta imparcialidad, objetividad y neutralidad política en el ejercicio de sus funciones” y ha garantizado que “ningún ciudadano o ciudadana de este país recibirá un tratamiento distinto por motivos ajenos al proceso”. Su actuación, ha añadido, “se enmarca siempre dentro de la Ley, porque fuera de la Ley no hay nada”.
Tras la toma de posesión de varios fiscales y acompañado de la cúpula de la carrera fiscal, García Ortiz ha hecho un reconocimiento expreso de “la labor y el desempeño profesional” de la fiscal jefa de Madrid y del fiscal del caso, quienes según ha insistido actúan “con el máximo rigor, objetividad, imparcialidad y transparencia”.
Según ha expresado, con ese comunicado no puede considerarse infringido el deber de reserva porque el objeto de la comunicación era “de dominio público fruto de indeseables filtraciones”, y ha destacado que “recibir libremente información veraz es un derecho fundamental” consagrado en la Constitución. Es la propia ley la que, ha subrayado, atribuye al Ministerio Fiscal “la relevante función de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de su competencia”.
García Ortiz ha señalado que esa comunicación “no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa ni datos de carácter confidencial que tuvieren incidencia procesal alguna en un ulterior procedimiento judicial”. Y ha precisado que “estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios”, por lo que asume “la responsabilidad última de esa nota de prensa”.
El fiscal general ha hecho mención expresa de la declaración efectuada por el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos el pasado octubre, en el sentido de que “cuando un fiscal individual sea objeto de un ataque injusto a través de los medios de comunicación, así como cuando se hayan difundido informaciones falsas sobre personas o hechos relacionados con algún procedimiento del que se ocupe un fiscal, la reacción debe provenir preferentemente del máximo responsable de la fiscalía o de un portavoz de ésta y, en casos importantes, del fiscal general o de la máxima autoridad responsable del Ministerio Fiscal”.
Con esa reacción, recalcaba el órgano consultivo del Comité de Ministros del Consejo de Europa, se “minimiza” la necesidad de que el fiscal afectado “haga uso del derecho de respuesta garantizado a toda persona, así como el riesgo de una excesiva personalización del conflicto”.
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