Pedro Sánchez ha vuelto –en realidad, nunca se fue– con energía renovadas para regenerar la democracia española. Nos dice que ésta se halla asediada por los insultos y por los bulos, motivo por el cual se hace necesario mutar nuestro marco normativo para restringir la libertad de expresión y la libertad de prensa. A la postre, el presidente ha tenido a bien aleccionarnos con que libertad de difamación no es libertad de expresión y libertad de desinformación no es libertad de prensa. Por eso, añade, necesitamos mecanismos democráticos que pongan coto a la proliferación de descalificaciones y mentiras desde los medios de comunicación tradicionales, desde los nuevos medios de comunicación digitales y desde las redes sociales. Resulta llamativo, empero, que al mismo tiempo que el presidente del Gobierno efectuaba este alegato desde diversos medios de comunicación, él mismo y su partido se encargaran de recurrir a los insultos y a los bulos que presuntamente deploraban.
Por ejemplo, el ministro de Transportes de Sánchez, Óscar Puente, calificaba al director de un periódico digital español como «carcundia» (sic), «fascismo puro y duro», «matones de la derecha» y «gente que apesta la tierra». Unas palabras muy ejemplarizantes por parte de quienes dicen querer expulsar el insulto de la vida pública.
Al mismo tiempo, Sánchez afirmaba muy compungido que «el señor Feijóo ha dicho textualmente que lo que debía haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar», cuando lo que dijo realmente Feijóo en Onda Cero fue: «Evidentemente [no le voy a pedir a mi mujer que deje de trabajar]. Lo que sí le voy a pedir es que no tenga contratos con la administración y que si tiene sponsors para hacer su trabajo y esos sponsors son adjudicatarios de la administración pública: eso no se lo voy a consentir».
En otras palabras, mientras el PSOE nos jura que quiere acabar con los insultos y los bulos, el propio PSOE abusa de los insultos y de los bulos. Más bien lo que parece es que el PSOE quiere usar el poder coactivo del Estado para reprimir lo que ellos califican como insultos y bulos ajenos al tiempo que protegen los propios.
Es decir, que a lo que verdaderamente aspiran es a monopolizar insultos y bulos y a censurar críticas legítimas de terceros con el pretexto de que son insultos y bulos.
